Fernando Grande-Marlaska, juez en excedencia al frente del Ministerio del Interior desde 2018, ha defendido este martes que "cualquier juez puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado". Mientras esas críticas se produzcan "dentro del parámetro del respeto", serán un síntoma de "salud democrática", ha expresado el titular de Interior durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con estas palabras, Fernando Grande-Marlaska se ha alineado con la postura de varios ministros del Gobierno, que en los últimos días han mostrado su oposición a distintas decisiones judiciales. Sin ir más lejos, en la misma rueda de prensa la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de "pedalear en la nada" en el curso de su investigación a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
Otro ministro, en este caso el de Transformación Digital, Óscar López, mostró este lunes su desacuerdo con la decisión de no amnistiar la malversación del procés, confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. López aseguró que la amnistía "se acabará aplicando y será constitucional", de forma que España supere "la judicialización" del conflicto catalán.
Marlaska considera que este tipo de "disconformidad", si se produce en el marco de la "educación institucional", es razonable entre los poderes del Estado. Es más, al ministro le "preocuparía" que este tipo de comentarios no fueran "factibles", ya se refieran a un juez o a una "resolución judicial".
Comentarios que se han instalado en el Poder Legislativo y Ejecutivo, sobre todo desde que el PSOE y Junts pactaron la ley de amnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez tras el 23-J. El propio acuerdo que firmaron ambas formaciones incluía un término que encendió las alarmas en la judicatura: el lawfare. En numerosas ocasiones, las asociaciones judiciales han reprochado que se hagan referencias a este término desde el Parlamento, con menciones expresas a jueces y causas concretas.
Si la ley de amnistía prendió la mecha en el Congreso de los Diputados, la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez ha marcado un antes y un después en el relato de Moncloa, de forma que los ministros hablan sin tapujos de la "prevaricación" del juez Juan Carlos Peinado y el propio presidente del Gobierno se ha querellado contra el instructor.
