El futuro judicial de Carles Puigdemont pende de tres hilos que han ido a parar a las manos del Tribunal Supremo. Será el alto tribunal quien deba dirimir, por un lado, si la malversación del procés es un delito amnistiable. Para confirmarlo, debe estimar que no hubo "propósito de enriquecimiento" ni afectación a "los intereses financieros de la Unión Europea". Además, el tribunal deberá decidir si imputa a Puigdemont por un delito de alta traición y otro de malversación en el marco del caso Voloh, instruido en los juzgados de Barcelona. El juez Joaquín Aguirre solicitó esta imputación el viernes a través de un auto que añade más incertidumbre a la aplicación de la amnistía al expresident.
Estos dos delitos -alta traición y malversación- están excluidos de la medida de gracia siempre que se den ciertas condiciones, lo que podría dar lugar a que el Supremo rechace archivar las causas contra Puigdemont. Paralelamente se desarrolla una tercera amenaza para el líder independentista: la magistrada del Supremo Susana Polo lo investiga por un presunto delito de terrorismo, que también quedaría fuera de la amnistía si se certifica que hubo una grave violación intencionada de los Derechos Humanos.
La trama rusa del 'procés'
Las "estrechas relaciones personales" entre Carles Puigdemont y algunos miembros de la inteligencia rusa podrían llegar a considerarse un "delito contra la paz y la independencia del Estado". Pese a que el instructor Joaquín Aguirre recogió estas consideraciones hace seis meses, cuando pidió prorrogar la investigación, no ha solicitado la imputación de Puigdemont hasta este viernes. Como el expresidente catalán está aforado, el Tribunal Supremo es el único que puede investigarlo. Así se lo ha reclamado Aguirre en un auto en el que habla ya de delitos "de traición y malversación de caudales públicos".
El magistrado ha hallado "indicios más que suficientes" para abrir una pieza separada e investigar "las conexiones" de Puigdemont y sus colaboradores con el Gobierno ruso, "que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social".
El grueso de las pesquisas de Aguirre gira en torno a una reunión celebrada horas antes de la declaración unilateral de independencia. El encuentro se celebró en el domicilio de Puigdemont y a él asistió un antiguo diplomático ruso llamado Nikolai Sadovnikov. Aguirre comenzó a indagar en el encuentro a raíz de una investigación periodística publicada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project. El reportaje señalaba que Sadovnikov ofreció a la causa separatista "500.000 millones de dólares y 10.000 soldados armados".
Además de Puigdemont, están investigados entre otros Artur Más, Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. Respecto al expresident y este diputado, el Tribunal Supremo deberá tomar dos decisiones clave. En primer lugar, debe determinar si existen indicios suficientes como para abrir una investigación contra ellos en la Sala de lo Penal. Después, el tribunal tiene que dirimir si esos presuntos delitos de alta traición y malversación son amnistiables.
La ley de amnistía excluye los delitos de traición "y contra la paz o la independencia del Estado", pero solo cuando "se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
La malversación del 'procés'
El juez instructor Pablo Llarena debe tomar otra decisión definitiva para el futuro de Puigdemont, al que investiga desde hace años por malversar para financiar el referéndum del 1-O. ¿Aquel presunto delito es amnistiable? El magistrado deberá determinarlo fijándose en dos claves. La ley de amnistía incluye la malversación en su ámbito objetivo de aplicación, pero la descarta cuando haya existido un "propósito de enriquecimiento". Tampoco la incluye cuando el delito afectara a "los intereses financieros de la Unión Europea".
Las dos grandes cuestiones sobre la mesa de Pablo Llarena protagonizaron esta semana un tenso debate de la Junta de Fiscales de Sala. Los 36 fiscales que la integran tuvieron que elegir entre dos posturas opuestas: la de los fiscales del procés, que rechazaban informar en favor de la amnistía, y la del fiscal general, que veía el encaje del delito en la medida de gracia. Pese a que la decisión de la Junta no es vinculante, el fiscal general obtuvo el apoyo de una ajustada mayoría y se vio reforzado por ella a la hora de ordenar un informe a favor de la amnistía.
El magistrado Llarena deberá tener en cuenta este documento, que rechaza que existiera un propósito de enriquecimiento y que el delito afectara a los intereses financieros de la Unión Europea.
El presunto terrorismo de Tsunami Democràtic
La magistrada Susana Polo tiene que analizar si el presunto terrorismo de la plataforma Tsunami Democràtic, por el que investiga tanto a Puigdemont como al diputado de ERC Rubén Wagensberg, es amnistiable. ¿La clave? Determinar si se causaron "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derecho Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".
La Fiscalía ha trasladado otro informe a esta instructora en el que descarta este último supuesto y solicita, por tanto, que se amnistíe a ambos aforados. Lo mismo se recoge en un segundo documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dirige la misma causa contra varios investigados, entre ellos Marta Rovira, de ERC. El grueso de la investigación se centra en las protestas impulsadas por Tsunami en 2019, en contra de la sentencia del procés.
La causa llevaba años paralizada, pero a finales de 2023 el instructor García Castellón avanzó en sus pesquisas, apreció indicios de terrorismo e identificó a Carles Puigdemont como posible responsable tras la plataforma Tsunami Democtràtic. En noviembre pidió al Supremo que asumiera la investigación contra el expresident y contra Rubén Wagensberg por estar ambos aforados. La instrucción quedó en manos de Polo.
Según García Castellón, "Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia [...] cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
El juez sostiene que las acciones de Tsunami podrían enmarcarse en los delitos del terrorismo, dado que incluían el "bloqueo de infraestructuras críticas del Estado" -el aeropuerto de El Prat-. Además, considera que se debe indagar en la muerte de un ciudadano francés durante las protestas en el aeropuerto. El ciudadano falleció en una terminal distinta a la que alojaba las protestas y, según determinaron los servicios médicos, la muerte la provocó un infarto.
