La largamente pospuesta reforma de la ley mordaza se reactivó este jueves con el anuncio del acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu, pero al Gobierno no le basta únicamente el apoyo de los abertzale para sacarla adelante de una vez por todas. El Ejecutivo necesita en esta materia el voto favorable de todos sus socios parlamentarios. Y, aunque ninguno de ellos se ha descolgado de primeras al conocer el pacto, tanto Junts como Podemos y el PNV ya han anunciado que no se conforman con el texto que se ha dado a conocer y que aspiran a introducir sus propias medidas en la norma final.
Estos tres grupos se han cuidado mucho de oponerse frontalmente al acuerdo, entre otras cosas porque los tres votaron a favor la pasada legislatura de una reforma de la ley mordaza que no iba tan lejos como la pactada este jueves, puesto que en ella no se introducían medidas como la prohibición progresiva del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. No obstante, ni Junts, ni PNV ni Podemos han confirmado todavía su apoyo final a la reforma, incluso aunque los nacionalistas vascos han confirmado que también suscribirán la proposición de ley que presentarán PSOE, Sumar y EH Bildu para iniciar su tramitación parlamentaria.
En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, insistió en que "la negociación continúa" abierta. "Nos alegramos de que se vaya a volver a debatir" la iniciativa, pero "nos reservamos el derecho a presentar enmiendas" porque "el principio de autoridad debe mantenerse y es fundamental para el orden público y el respeto a la policía", explicó Esteban, que mostró sus dudas con respecto al acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu para suavizar los artículos referentes a la desobediencia y las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que se imponen en virtud a la ley mordaza.
Para el PNV, es necesario "un examen más detallado" del acuerdo en esos puntos. A los nacionalistas vascos, por ejemplo, no les convence que pase a ser falta leve —de 100 a 600 euros de multa— en lugar de grave —hasta 30.000 euros— la desobediencia, la manifiesta resistencia a la autoridad o la negativa a identificarse ante un agente de la ley. Y tampoco una de las mayores novedades contenidas en el acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu: que las sanciones por insultar a la policía en el ejercicio de sus funciones se retiren si el multado se retracta o se disculpa por sus palabras. "Suena raro, lo puedes hacer un día y al día siguiente también", afirmó Esteban.
Junts: "Nosotros negociamos, no hacemos adhesiones"
Menor concreción ofreció Junts, que sin embargo se expresó en una línea similar a la del PNV: apoyan la reforma de la ley mordaza, pero también presentarán y exigirán que se negocien sus propias enmiendas. "La ley mordaza es una ley represiva aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015" y Junts ha "defendido siempre su derogación", sostuvo la formación independentista en un comunicado, en el que, no obstante, también espetó que "lo que vale para el PSOE, también vale para el resto de partidos: desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones" a pactos firmados por otros, como el suscrito por los socialistas con Sumar y EH Bildu. Y, por ello, el partido presentará sus "propias enmiendas", anunció.
Quien se mostró más crítico con el acuerdo fue Podemos, que denunció que lo pactado por los abertzale con los partidos que componen el Gobierno "no se puede llamar derogación de la ley mordaza, porque se queda muy corto". "No se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas: es un retoque muy estético, pero que no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminarse", espetó en este sentido el secretario de Organización morado, Pablo Fernández, que aseguró que el texto "es una reforma que lleva la firma del PSOE: un titular muy grande y mejoras muy, muy pequeñitas".
En concreto, lo que no gusta a Podemos del pacto relativo a las pelotas de goma no es tanto que no se plantee prohibir su uso como material antidisturbios, sino que se establezca que "se sustituirá progresivamente por otros medios menos lesivos" sin que esa medida vaya acompañada de un calendario para su aplicación. Además, a los morados tampoco les convence la escasísima concreción del acuerdo en relación a las devoluciones en caliente, puesto que, según lo pactado, modificar la regulación relativa a los solicitantes de asilo dependerá de que el Gobierno logre, dentro de muchos meses, concitar las mayorías suficientes para modificar la ley de extranjería en el Congreso, algo que en las últimas semanas ha sido imposible pese a la emergencia migratoria en Canarias.
