Un juzgado ha ordenado al Cabildo de Tenerife que tramite un expediente de Bien de Interés Cultural que determine si el monumento a Franco de Juan de Ávalos en Santa Cruz merece o no ser protegido, ya que se han presentado informes periciales que defienden su valor artístico e histórico.
En una sentencia adelantada por 'El Día' y 'Diario de Avisos', el Juzgado Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife da la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo que elevase al Gobierno de Canarias la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura, que está en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz.
La juez reproduce en los fundamentos de la sentencia que los informes periciales aportados por los demandantes en favor de la protección de la escultura, firmados por expertos que subrayan el reconocimiento internacional que tienen las obras de Juan de Ávalos (1911-2006), recuerdan que es su único trabajo en Canarias y niegan que deba interpretarse como una exaltación del franquismo".
La magistrada precisa que no le compete a ella "valorar el contenido de esos informes", sino solo si son motivo suficiente o no para que se ponga en marcha un expediente donde se valoren.
A su juicio, existen "indicios bastantes y suficientes para proceder a la incoación del expediente interesado, por cuanto no se trata de una mera solicitud de un ciudadano no acompañada de indicio probatorio de valor artístico ninguno, y que la valoración del contenido de los informes sea realizada en el seno de un procedimiento administrativo reglado, no al margen del mismo".
El conocido como "monumento del Ángel" y también "monumento a Franco" es una fuente escultórica inaugurada en marzo de 1966 a la que en 2010 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio el nombre de "monumento al Ángel Caído", que para algunos colectivos tiene valor cultural y para otros no.
El anterior Gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática incluyó esta obra en el catálogo de vestigios franquistas, que ha sido revocado por el actual ejecutivo canario (CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y AHI) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo suspendiese de forma cautelar por defectos de forma.
La asociación a la que ahora ha dado la razón el Juzgado de lo Contencioso número 3 reclamó la tramitación del expediente de BIC para el monumento al anterior grupo de gobierno de Cabildo de Tenerife (PSOE-Cs), que no apreció valor artístico excepcional en esta obra.
Tras el rechazo por parte del Cabildo de Tenerife la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel acudió a los tribunales, que en un principio rechazaron su petición, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la aceptó y suspendió cautelarmente la resolución de la corporación insular.
El Cabildo de Tenerife presentó un recurso de casación ante el que el Tribunal Supremo, que mantuvo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y estos días el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la corporación insular a incoar el expediente de BIC
