El juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido extremar las precauciones frente a la publicidad que se ha dado en los medios de comunicación al contenido de los interrogatorios a José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor de Aldama. Comparecencias que, según explica, deberían gozar de un carácter "reservado". En concreto, ha decidido que no se trasladará a las partes una copia de las grabaciones de los testimonios de la causa, sino una transcripción. En un auto de siete folios, recuerda también a las partes los "graves perjuicios" que provocan estas filtraciones.
El magistrado Leopoldo Puente se prepara para tomar declaración de nuevo al exministro José Luis Ábalos, ya oficialmente imputado, y a 17 testigos de la causa, tal y como acordó este miércoles en un escrito. Pero antes ha querido asegurarse hasta cierto punto de que la reserva de las actuaciones estará garantizada. No obstante, Puente no cree que la causa se encuentre "en un estado que determine la conveniencia de decretar el secreto ni total ni parcial de la instrucción". No considerando oportuna esta medida, ha decidido limitar el acceso a las grabaciones de las próximas declaraciones, agendadas entre el 20 de febrero y el 5 de marzo.
En un inicio, el interrogatorio del exministro Ábalos iba a tener lugar el próximo 18 de febrero, pero Puente ha accedido a retrasarlo dos días a petición del investigado. En su escrito, el magistrado pone de relieve el carácter reservado que "no por casualidad" es propio de la instrucción (investigación) judicial, y no así de la fase posterior, consistente en el juicio oral. Según explica el juez, esta reserva se procura para "preservar los derechos de los directamente concernidos por la investigación en curso", ya sean investigados o testigos.
Pero también sirve para que no se entorpezca la causa. La reserva impide "que los testigos que aún no han depuesto en la causa puedan venir en conocimiento, de forma íntegra y completa, del contenido de lo declarado por quienes les precedieron". De modo que el juez ha decidido incluir las grabaciones en una pieza especial de "información sensible", accesible solo para el instructor y el Ministerio Fiscal. El resto de las partes —investigados, acusaciones populares— obtendrán tan solo una transcripción de lo declarado y podrán acudir al Tribunal Supremo para ver las grabaciones si así lo desean.
Estas son las medidas que acuerda Leopoldo Puente en un escrito que concluye con las siguientes líneas: "Además de lo dispuesto, queda confiar todavía en que todos comprendan la conveniencia [...] de abstenerse de publicar o facilitar la publicación del resultado de las diligencias de investigación practicadas [...] comprendiendo los graves prejuicios de diferente naturaleza que otra conducta pudiera causar". Consciente del "marcado interés público" de la causa que instruye y convencido de que "nada quedará oculto ni blindado al conocimiento de la ciudadanía", el juez recuerda, sin embargo, que el momento de la publicidad del procedimiento tendrá lugar cuando comience "el juicio que eventualmente se celebre".
