"El presidente es ahora un rey por encima de la ley". Así manifestaba la jueza Sonia Sotomayor su discrepancia respecto a la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de conceder una amplia exención de responsabilidad al expresidente Donald Trump frente a procesos judiciales. Pero, ¿en qué consiste esta inmunidad penal y cómo afectará a los casos que ya tiene pendiente el expresidente?
Una sentencia histórica: 6 votos a favor y 3 en contra
La sentencia, que llega a poco más de cuatro meses de las elecciones en las que Trump aspira a volver a la Casa Blanca, y días después de un debate televisivo que ha sembrado un gran debate sobre el estado de salud del presidente Joe Biden, ha anulado los fallos de los tribunales inferiores que negaron inmunidad a Trump en relación con los intentos de alterar el resultado electoral de 2020.
Han sido seis los magistrados conservadores -tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia- quienes han votado a favor, frente al voto en contra de tres jueces progresistas. "El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución", dice el fallo.
¿En qué consiste la inmunidad parcial?
El pasado mes de febrero, un tribunal federal de apelaciones de EEUU determinó que Trump debía ser juzgado por los presuntos delitos que cometió durante su mandato para impedir que Joe Biden fuera confirmado presidente tras las elecciones de 2020, rechazando así su inmunidad.
Con esta sentencia, sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos considera que los presidentes disponen de una amplia inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Esto supone que todas las acciones que se relacionen -incluso en pequeña medida- con su estatus oficial, gozarán de inmunidad frente al procesamiento.
Además, el tribunal dictaminó que si un presidente es procesado por un acto realizado a título personal, la fiscalía no puede invocar las acciones oficiales del presidente como prueba.
¿Qué casos enfrenta Trump y como les afecta el fallo?
Los cuatro delitos por los que el fiscal acusó a Trump en Washington son: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Ahora, con el fallo del pasado lunes, se garantiza que cualquier proceso que surja será aplazado mucho más allá de las elecciones presidenciales de noviembre, mientras el tribunal de primera instancia interpreta las guías de la Corte Suprema.
Además, con la sentencia que otorga inmunidad para los actos oficiales como presidente, muere otra de las imputaciones contra Trump: la de las comunicaciones que mantuvo con funcionarios del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de fraude electoral. También es probable que los comentarios del expresidente (el 6 de enero de 2021), que presuntamente incitaron al ataque del Capitolio, se consideren actos oficiales.
Los casos de Florida y Georgia
Aún no está claro cuáles serán las consecuencias para los otros procesos que tiene abiertos el expresidente. Por un lado, en el de Florida; por retención de secretos relacionados con la defensa y obstrucción a la justicia, por los documentos confidenciales que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago, Trump presentó una moción para desestimar el caso bajo el argumento de que su conducta estaba amparada en la inmunidad presidencial. De hecho, sus abogados sostienen que la acción de Trump fue de carácter oficial porque había designado los documentos clasificados como parte de sus registros personales cuando seguía estando en la Casa Blanca.
Por otro lado, en el caso de Georgia; por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, Trump podría beneficiarse de la sentencia alegando que sus interacciones con funcionarios estatales e individuos privados podrían no ser necesariamente actos oficiales.
Aun así, este caso está actualmente aplazado mientras se considera una apelación de la defensa para descalificar a la fiscal Fani Willis y es posible que se retrase aún más con el fallo de la Corte Suprema.
