El enésimo choque entre Gobierno y comunidades y entre comunidades entre sí por el agua está a punto de vivir un nuevo capítulo, con la aprobación en breve por parte del Ministerio de Transición Ecológica de las nuevas reglas para explotar el trasvase Tajo-Segura. Tras recibir las alegaciones de Castilla-La Mancha por un lado y del frente común que han formado los gobiernos regionales del PP de Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, nada hace indicar que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, haya desistido de fijar por primera vez un caudal ecológico en el Tajo y, según aseguran en Toledo, se muestra favorable a su propuesta para aumentar la disponibilidad de agua en la cuenca cedente -es decir, el Tajo- e impulsar las desaladoras en el Segura para suplir la llegada de menos agua al Levante.
Según explicó el viernes pasado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el Ministerio está elaborando una propuesta normativa sobre la manera y las cantidades en que el agua debe discurrir desde el Tajo y el Segura a partir del informe del El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que ya tiene sobre la mesa tras estudiar las alegaciones de los distintos gobiernos autonómicos afectados de un modo u otro por el trasvase o la gestión del Tajo. Según dijo Morán, "en los próximos días" se convocará el Consejo Nacional del Agua, el órgano en el que participan Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y confederaciones hidrográficas que deberá aprobarla.
Este acuerdo, que de nuevo previsiblemente hará saltar chispas entre Castilla-La Mancha como cuenca cedente y el Levante, como cuenca receptora, diseñará finalmente las cantidades, los hectómetros cuadrados, que, en función de la disponibilidad y la sequía, deben liberarse de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en Guadalajara y Ciudad Real, para que terminen en la cuenca del Segura. Se trata de actualizas las normas de explotación del trasvase desde las que están vigentes, de 2021, con la novedad de el plan de cuenca del Tajo que se aprobó en enero del año pasado fija para este este río por primera vez un caudal ecológico que existe en los demás y que el Tribunal Supremo había pedido en hasta cinco sentencias. Con él, la cantidad de agua que debe permanecer en la cuenca del Tajo debe ser superior a la que se exige actualmente para responder a las necesidades de la propia cuenca, como todas, afectadas por el cambio climático.
Además de exigir su fijación, el gobierno castellanomanchego de Emiliano García Page exige que se tengan en cuenta las necesidades de los territorios que riega el Tajo en Castilla-La Mancha, que denuncian que están ausentes en las normas actuales de ejecución. Según las alegaciones que Toledo envió al Ministerio, y que cuentan con el apoyo del PP de Castilla-La Mancha, "la norma actual que regula el Acueducto Tajo-Segura fue diseñada para enviar el máximo de agua posible al Levante teniendo en cuenta solo las necesidades de los beneficiarios que, además, tienen a su alcance la posibilidad de desalinizar el agua del mar como alternativa a sus supuestas necesidades hídricas".
De este modo, Castilla-La Mancha quiere que se recorte el trasvase para observar los caudales ecológicos y también para contar con más agua en su territorio para riego y otros usos industriales y que se tenga en cuenta la demanda de agua de Talavera de la Reina y su comarca que ahora no está contemplada. Toledo también quiere elevar el límite para prohibir trasvasar nada al Segura, que la norma actual fija cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen los 400 hectómetros metros.
Page más de un año presionando a Ribera para que apruebe cuanto antes las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y en abril de este año trató de monopolizar con esta cuestión un Consejo Nacional del Agua que no la llevaba en la agenda. En Castilla-La Mancha consideran que "vamos tarde" porque ya ha pasado mucho tiempo y, a medida que parece acercarse el momento de que el Ministerio presente su propuesta definitiva, su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, deslizó a finales de junio que el Gobierno "está valorando muy positivamente el informe técnico" enviado por Toledo.
Frente común de las autonomías del PP
Enfrente de las pretensiones de Castilla-La Mancha, las comunidades de la cuenca receptora, la del Segura, han creado un frente común para presentar sus propias alegaciones, en las que la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y también Madrid critican los caudales ecológicos como algo "ideológico" y no "técnico" y tratan de acreditar que el agua que recibe el Segura del Tajo se utiliza en buena medida para una actividad agrícola que se han hecho cada vez más eficiente en en uso de este recurso y hacia unos territorios a los que nadie puede dar lecciones de reutilización o desalación.
"El trasvase se considera irrenunciable para la Generalitat", dicen estos días desde su Consellería de Medio Ambiente, que incide que sus razones de peso para pedirlo es "la buena gestión hídrica" que hace del agua. "La Comunitat Valenciana es una referencia absoluta porque recicla el 40% del agua de toda España en 480 plantas de tratamiento, de la que el 80% se utiliza de nuevo para regar nuestros campos". De ellos, el 78% tiene sistemas eficientes como el goteo, añaden en Valencia.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, aprovechó a finales de abril el 45 aniversario del trasvase para organizar una 'cumbre' a la que acudió el presidente valenciano, Carlos Mazón, y otros representantes regionales del PP, que anunciaron que presentarían alegaciones conjuntas y reiteraron su oposición a que exista un plan de cuenta por cada uno de los ríos -aprobados en enero de 2023 que, en el caso del Tajo, debe complementarse ahora con las normas de explotación-.
El PP reclama un único plan hidrológico nacional y se opone a "cualquier modificación de las reglas de explotación" del trasvase Tajo-Segura como las que previsiblemente se aprobarán en breve. Esto es lo que reclaman sus presidentes autonómicos, a pesa de que en Castilla-La Mancha los populares hayan cerrado filas con el Gobierno autonómico, del PSOE, de la misma manera que socialistas valencianos, murcianos y andaluces se manifestaron el año pasado ante Transición Ecológica junto a los gobiernos de estas comunidades y los regantes en una cuestión, la del agua, que de nuevo trasciende siglas políticas y se hunde directamente en cada territorio.
Grupo de trabajo "ignorado"
La propuesta del Ministerio que será sometida al Consejo Nacional del Agua será además el final de un proceso en el que gobiernos como el valenciano, que no se ha visto suficientemente escuchados.
En febrero de este año, Ribera y Mazón acordaron crear un "grupo de trabajo" para diseñar las nuevas normas de explotación en el que estaban llamadas a participar todas las comunidades afectadas por el trasvase, desde las más directamente vinculadas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia a otras como Extremadura o la Comunidad de Madrid que también tuvieran intereses indirectos.
Aunque ya entonces Ribera no renunció a fijar el caudal ecológico en el Tajo, el balance cuatro meses después es "decepcionante" para el Gobierno de Mazón. El grupo solo llegó a reunirse en una ocasión en la que los representantes del Ministerio pidieron directamente que cada parte presentara sus alegaciones para continuar el procedimiento de forma unilateral. Por eso, el Gobierno de Mazón ha trasladado al Ministerio su "decepción y desconcierto por el mecanismo finalmente elegido, ignorando la propuesta inicialmente aceptada de crear un grupo técnico conjunto y colaborativo".
La presencia de la Comunidad de Madrid
Aunque el trasvase Tajo-Segura discurre por el sur de su territorio, la Comunidad de Madrid también se ha unido en presentar alegaciones conjuntas con los otros gobiernos regionales del PP para incidir en la cuestión que tiene recurrida ante el Tribunal Supremo por el cambio de reglas en la gestión del trasvase que va del Tajo al Canal de Isabel II.
El ciclo de programación del Tajo que estará vigente hasta 2027 dejó en manos del Ministerio -a través de la Confederación Hidrográfica- determinar cada vez el caudal del trasvase sobre el que hasta ahora decidía el Canal de Isabel II, por una concesión que no expira hasta 2061, algo que Ayuso tiene impugnado ante el Supremo pero que tampoco quiere dejar olvidar a la hora de fijar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
