Tras meses de tira y afloja con la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha decidido finalmente recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley trans y LGTBI aprobada a finales de 2023 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo toma la decisión al considerar que la reforma autonómica es "regresiva", y lo hace, además, tres meses después de iniciarse un proceso de negociación para "solventar las discrepancias" que no han conseguido resolver.
La interposición del recurso de inconstitucionalidad ha sido anunciada este martes por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha tomado la decisión de recurrir dos normas: la ley trans LGTBI y también la de protección frente a la LGTBIfobia. Redondo ha asegurado que la normativa de la Comunidad de Madrid —que, entre otros cambios, impone un examen médico a los menores trans que quieran hormonarse— es "regresiva", al eliminar y derogar contenidos de protección de derechos del colectivo LGTBI y establecer "nuevos requisitos" o "condiciones" para su ejercicio.
"Son leyes que vienen a reducir, limitar y a imponer nuevos requisitos a los derechos que ya se reconocían en leyes previas de la Comunidad de Madrid", ha aseverado Redondo, quien ha señalado también que la reforma madrileña recoge disposiciones que también colisionan con la ley trans estatal aprobada en 2023. A juicio de la ministra, por "lealtad institucional", las leyes del gobierno de Isabel Díaz ayuso tendrían que "haber hecho todo lo contrario", y haber ampliado los derechos reconocidos en la ley impulsada por su antecesora, Irene Montero.
Terapias de conversión, menores y entidades LGTBI
La ministra ha precisado que Ejecutivo ha impugnado únicamente aquellos cambios que considera anticonstitucionales, bien por ser contrarios a derechos fundamentarles o porque considera que invaden competencias del Estado.
Esos aspectos que ha recurrido el Gobierno central tienen que ver con una "excepción" que ven en la reforma madrileña a la prohibición de las terapias de conversión, aun con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. El Ejecutivo asegura que el asesoramiento psicológico y la evaluación psiquiátrica que recoge la ley de Ayuso son, a menudo, "formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias", pues la ley madrileña añade la "coletilla" de que estas terapias estarán prohibidas "sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada". En esa línea señalan también la "patologización que se hace de los menores trans, a quienes se les exige ahora un examen médico si quieren hormonarse para transitar.
Recurren también una parte de la ley que, según denuncia el Ministerio de Igualdad, supone una "contraposición discriminatoria" de las personas trans frente a las mujeres y niñas, al precisar que la utilización de ciertos espacios —como centros de menores, pisos tutelados, residencias de mayores, etc.— se hará "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres". Esto, para el departamento dirigido por Ana Redondo, menoscaba el principio de igualdad, "como si el ejercicio de los derechos de las mujeres trans pusiera en peligro o pudiera limitar el resto de derechos de las mujeres y niñas", ha espetado la ministra.
Además, el Gobierno central considera también que la reforma de la ley de protección contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo, al negar a las asociaciones LGTBI el derecho a presentarse como acusación o representar a las víctimas en cualquier proceso penal o administrativo sancionador. Algo que, alega el Ejecutivo, vulnera el artículo 149 de la Carta Magna, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal.
Una negociación sin frutos
Antes de interponer el recurso, el Ejecutivo arrancó en marzo un proceso de negociaciones previas en la Comisión Bilateral para intentar conseguir una "resolución extrajudicial del conflicto". El plazo que se marcó entonces era de seis meses, pero finalmente el Gobierno ha decidido dar por finalizado ese intento de negociación, al no ver avances ni "ninguna comprensión conjunta" en los elementos que han recurrido al Constitucional.
Redondo ha recordado también que el recurso tiene un "carácter suspensivo", es decir, que, una vez interpuesto ante el tribunal de garantías, los efectos y la aplicación de las leyes autonómicas de la Comunidad de Madrid quedarán suspendidas "inmediatamente". "No puede haber diferenciaciones entre las personas trans de Madrid y las del resto de España", ha concluido.
El recurso se une así al que presentó el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en abril, por considerar también que la reforma madrileña "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad".
