Tras meses de tira y afloja con la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha decidido finalmente recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley trans y LGTBI aprobada a finales de 2023 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo toma la decisión al considerar que la reforma autonómica es "regresiva", y lo hace, además, tres meses después de iniciarse un proceso de negociación para "solventar las discrepancias" que no se han resuelto.
La interposición del recurso de inconstitucionalidad ha sido anunciada este martes por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha tomado la decisión. Redondo ha asegurado que la normativa de la Comunidad de Madrid —que, entre otros cambios, impone un examen médico a los menores trans que quieran hormonarse— es "regresiva", al eliminar y derogar contenidos de protección de derechos del colectivo LGTBI y establecer "nuevos requisitos" o "condiciones" para su ejercicio.
La ministra ha precisado que Ejecutivo ha impugnado únicamente aquellos cambios que considera anticonstitucionales, bien por ser contrarios a derechos fundamentarles o porque considera que invaden competencias del Estado.
Aspectos recurridos
Esos aspectos que ha recurrido el Gobierno central tienen que ver con una "excepción" que ven en la reforma madrileña a la prohibición de las terapias de conversión, aun con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. El Ejecutivo asegura que el asesoramiento psicológico y la evaluación psiquiátrica que recoge la ley de Ayuso son, a menudo, "formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias", pues la ley madrileña añade la "coletilla" de que estas terapias estarán prohibidas "sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada". En esa línea señalan también la "patologización que se hace de los menores trans, a quienes se les exige ahora un examen médico si quieren hormonarse para transitar.
Recurren también una parte de la ley que, según denuncia el Ministerio de Igualdad, supone una "contraposición discriminatoria" de las personas trans frente a las mujeres y niñas, al precisar que la utilización de ciertos espacios —como centros de menores, pisos tutelados, residencias de mayores, etc.— se hará "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres". Esto, para el departamento dirigido por Ana Redondo, menoscaba el principio de igualdad e implica un "uso discriminatorio del lenguaje".
Además, el Gobierno central considera también que la reforma de la ley de protección contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo, al negar a asociaciones u organizaciones de colectivos LGTBI el derecho a presentarse como acusación o representar a las víctimas en cualquier proceso penal o administrativo sancionador. Algo que, alega el Ejecutivo, vulnera el artículo 149 de la Carta Magna, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal.
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