La masiva manifestación por la vivienda celebrada el pasado domingo ha dado la vuelta al tablero de juego. Como respuesta, el PSOE ha querido ponerse del lado de quienes protestaban -pese a las críticas al Gobierno y las peticiones de dimisión de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda- anunciando la prórroga del Bono Joven del Alquiler con una inyección de 200 millones de euros. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, ha avivado el malestar.
¿En qué consiste el Bono Alquiler Jóven?
El Bono Alquiler Joven es una ayuda monetaria de 250 euros que ofrece el Gobierno a los jóvenes de entre 18 y 35 años que la soliciten, durante un máximo de dos años, con el objetivo de apoyarles con el pago del alquiler. Sin embargo, para poder acceder a la ayuda, el coste mensual de la vivienda no podrá ser superior a los 600 euros (o hasta 900 euros, según la Comunidad Autónoma). Además, para ser beneficiario el salario debe ser inferior a 24.318 euros a año, entre otros requisitos.
¿A quién ha llegado la ayuda?
La manifestación masiva por la vivienda, celebrada en Madrid el 13 de octubre, puso sobre la mesa el descontento general de una gran parte de la población española, especialmente de las generaciones más jóvenes que, pese a tener empleos estables, tienen muchas dificultades para independizarse y, cuando lo hacen, deben invertir hasta el 80% de sus salarios en el pago del alquiler.
Por eso, aunque cerca de 57.000 jóvenes se beneficiaron el año pasado del bono alquiler joven, la realidad es que lo solicitaron unas 110.000, por lo que solamente se concedió a la mitad, según un informe del Consejo de la Juventud. Esto representa un 0,6% de beneficiados frente a los más de nueve millones de jóvenes entre 18 y 35 años que son potenciales receptores.
¿Qué problemas presenta esta medida?
¿Las razones del fracaso de esta ayuda? Entre otras, que, como advirtió el CJE desde un primer momento, para poder acceder a ella las personas jóvenes debían estar ya emancipadas, por lo que no puede definirse como una ayuda a la emancipación sino, en todo caso, a las personas ya emancipadas.
Además, el alquiler del piso no debe superar los 600 euros al mes o los 300 la habitación cuando los precios reales distan mucho de esas cifras: la media actual de un alquiler en España supera los 1.000 euros al mes, mientras que los salarios de las generaciones jóvenes está entre 1200 y 1500 euros.
No es por ahí.
Esto es hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán la ayuda pública y volverán a subir los precios.
Hay que intervenir para limitar los precios. https://t.co/zMHOq8QZ5q
— Íñigo Errejón (@ierrejon) October 14, 2024
Por su parte, desde Sumar se desmarcan del bono de alquiler y ponen sobre la mesa una problemática que muchos ya han señalado: esta medida abre la posibilidad de que estos fondos pasen directamente a mano de los caseros.
"Tras más de dos años, la medida ha demostrado ser insuficiente. Muchas comunidades autónomas aún no han gestionado la totalidad de las ayudas y cientos de jóvenes siguen esperando los 250 euros mensuales prometidos. El bono, en lugar de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios", señala Sumar a través de declaraciones remitidas por escrito.
A todo ello se suma el caos administrativo y las barreras que ponen las CCAA, que son quienes gestionan la ayuda, por lo que, desde el área socioeconómica del CJE recalcan la necesidad de acompañar este bono con otras medidas más ambiciosas como la regulación del precio del alquiler o gravar la inversión inmobiliaria para evitar que la especulación sea atractiva, así como frenar el alquiler turístico y penalizar las viviendas vacías para aumentar el parque residencial.
