La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que su departamento trabaja "con urgencia" en un decreto para limitar la duración máxima de los alquileres temporales en función del motivo al que respondan, que deberá acreditarse en el momento de firmar el contrato de arrendamiento. De esta manera, el Gobierno pretende atajar el uso fraudulento de esta fórmula para vivienda habitual, al mismo tiempo que avanza en la puesta en marcha de una plataforma estatal que recoja datos sobre este tipo de alquileres de corta duración, así como pisos turísticos y alquiler de habitaciones.
"La causalidad determinará la temporalidad y será necesario poder acreditar esa causalidad a la hora de firmar el contrato", ha apuntado la ministra tras reunirse con el grupo de trabajo dedicado a esta materia. "Se trata de garantizar y proteger el alquiler de temporada para lo que se prevé, para unas causas temporales", ha remarcado la ministra, recordando que esta fórmula -regulada actualmente en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)- sirve para aquellos casos en los que el inquilino busca un lugar donde vivir por un tiempo limitado fuera de su domicilio habitual.
Los motivos para necesitar este alojamiento temporal pueden ser, por ejemplo, el desplazamiento de una ciudad a otra por motivos de trabajo, estudios o para recibir un tratamiento médico. Aunque los detalles están todavía pendientes de concretar, la ministra ha puesto como ejemplo que si se trata de una vivienda para pasar el curso escolar el contrato de alquiler temporal pueda tener máximo una duración de nueve meses, aunque por ejemplo podría superar el año en caso de tratarse de un investigador desplazado para desarrollar su trabajo.
Debido a la falta de regulación, el uso de este tipo de arrendamientos se ha desvirtuado en los últimos tiempos utilizándose como vivienda habitual de forma fraudulenta, según denuncian el sector inmobiliario, los sindicatos e incluso el propio Banco de España. Al tratarse de una fórmula de alojamiento temporal, la protección del inquilino no es la misma que en el alquiler residencial. Actualmente esta tipología de arrendamiento no cuenta siquiera con una duración máxima, aunque habitualmente no suele superar el año. En cada caso el casero y el inquilino acuerdan cuándo finalizará y cuál será el precio cerrado, sin posibles revisiones y sin aplicarse, por ejemplo, los topes establecidos por el Ejecutivo. Tampoco les afecta la prohibición de que los inquilinos paguen los honorarios de las agencias.
El alquiler de temporada quedó fuera de la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura, que se limitó a instar a la puesta en marcha del grupo de trabajo en el que se ha debatido la propuesta anunciada este miércoles. Eso ha provocado un trasvase de la oferta de alquiler residencial a temporal bajo sospechas de fraude. Aunque apenas existen estadísticas al respecto, los últimos datos publicados por Idealista indican que los alquileres de temporada supusieron el 11% de los anunciados en la plataforma durante el primer trimestre de 2024, después de crecer la oferta un 56% con respecto a 2023. El dato resulta especialmente llamativo dado que, en el mismo periodo de tiempo, la oferta de alquiler permanente se ha reducido de media un 15%.
Para esclarecer al situación del alquiler de temporada y recabar datos al respecto. El Gobierno tiene la intención de poner en marcha antes de que acabe 2025 una plataforma estatal que agrupe información sobre alquileres de corta duración ofertados en portales online, tanto de temporada como de habitaciones y turísticos. El Ministerio de Vivienda pidió a finales de mayo colaboración a las comunidades autónomas para recabar datos al respecto y dar así cumplimiento a un nuevo reglamento aprobado recientemente en la Unión Europeo que exige la puesta en marcha de esta herramienta.
Respecto a los pisos turísticos, la ministra de Vivienda también ha adelantado que la próxima semana empezará una ronda de contactos con los distintos grupos políticos para abordar la modificación de la ley de propiedad horizontal con el objetivo de reformular el texto para que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos en sus edificios. Rodríguez ha señalado que se trata de un cambio "quirúrgico" con el que se cambiará la redacción de la norma.
