Recta final para la reforma legislativa que obligará a las comunidades a acoger a los menores migrantes no acompañados de los territorios más tensionados. Tras dos días de reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han dado por finalizado este miércoles el proceso de negociación para presentar un texto definitivo a las comunidades autónomas. El objetivo del Gobierno es tener aprobada una reforma de la ley de extranjería antes de que termine julio y con el mayor consenso posible para evitar futuras modificaciones y blindar así una medida que impondrá la "solidaridad obligatoria".
El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos hace dos semanas fija unos límites de capacidad de acogida (el 150% de su capacidad), a partir de los cuales se activaría la derivación al resto del país e incluye compromisos de financiación para las comunidades autónomas. Tras cerrar el Gobierno y Canarias una propuesta definitiva, la entregaron a los grupos parlamentarios para que hiciesen las aportaciones que considerasen necesarias. Y, según ha manifestado este miércoles Víctor Torres, solo Vox ha expresado un "no rotundo" a la iniciativa legislativa.
El resto de partidos han trasladado una serie de sugerencias y "pequeños matices", según ha contado, que ahora estudiarán si incorporan al texto, para elevarlo a las autonomías en una Conferencia Sectorial de Infancia que prevén celebrar en el archipiélago entre "la próxima semana o el comienzo de la siguiente". El siguiente paso será ya definir la fórmula legislativa con la que se lleva la reforma a las Cortes —bien mediante un decreto ley o a través de una proposición de ley— con el objetivo de que sea sometido a votación en el Pleno de la Cámara Baja "antes del verano", es decir, "antes de que acabe el mes de julio", según espera el ministro de Política Territorial.
Colaboración de las comunidades
"Si de verdad queremos que se pueda dar satisfacción al interés general del menor con agilidad y garantías, necesitamos necesariamente la colaboración de las comunidades autónomas", ha aseverado el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha defendido la necesidad de alcanzar el máximo consenso en torno a la reforma para que luego no sea discutida o recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ello, ha asegurado, obstaculizaría el objetivo con el que llevan trabajando "meses", que es "garantizar a los menores sus derechos y que van a tener el acogimiento y el espacio adecuado". "Es evidente que las comunidades que van a acoger estos menores tienen que conocer el texto y tenemos que escucharlas para que tenga la aplicación práctica que deseamos todos", ha insistido.
También Víctor Torres ha defendido la necesidad de contar con el respaldo de las autonomías, que, según ha recordado, ya pactaron en 2022 una "solidaridad voluntaria" que ha demostrado ser ineficaz para ayudar a las comunidades más saturadas por las llegadas de migrantes, como Canarias, que actualmente tiene en su territorio a unos 6.000 menores migrantes no acompañados y que, con la reforma, se pondría el tope entre 2.000 y 3.000.
"Es una modificación legislativa singular, significa distribuir personas, concretamente menores, población vulnerable y, por lo tanto, necesitamos el apoyo y colaboración de las comunidades autónomas", ha subrayado el ministro, quien ha insistido en que la "única fórmula" que ven para que ese reparto se lleve a cabo es una reforma legal que imponga ese reparto y no lo deje en algo a criterio de cada territorio.
