La inédita imputación del fiscal general del Estado se ha sumado a la ya abultada lista de reveses judiciales y políticos a los que tiene que hacer frente el Gobierno, ya damnificado por el caso Koldo, junto con la investigación de la mujer de Pedro Sánchez y en una situación de debilidad parlamentaria por su falta de apoyos en el Congreso. Los argumentos esgrimidos en la imputación de Álvaro García Ortiz han descolocado a Moncloa, que vuelve a cuestionar otra decisión del Tribunal Supremo, al que reprocha haber "asumido" que el "filtrador" fue el fiscal general, lo que cree que da una "imagen" de que la Justicia es "tuerta del ojo derecho".
Hace tan solo una semana que se conoció el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que deja al borde de la imputación al exministro José Luis Ábalos y pone en cuestión a varios miembros del Gobierno, a lo que se suma la investigación a la mujer de Sánchez por los delitos de corrupción privada y tráfico de influencias, que sigue su curso sin que las querellas contra el juez Peinado prosperen. A todo ello hay que añadir las presuntas irregularidades que existen en la contratación del hermano del presidente y que también investiga la UCO.
Pero ahora se abre un nuevo frente en el entorno del presidente. El Supremo ha visto indicios suficientes para investigar al fiscal general del Estado por la revelación de los datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se le imputa una presunta filtración de varios correos intercambiados entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía, en los que se abordaba un posible pacto de conformidad para que la pareja de Ayuso evitara una eventual pena de prisión.
El Gobierno no ha dudado en respaldar al fiscal general y su decisión de no dimitir pese a estar imputado por el Tribunal Supremo. "Entre delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", defendió este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en sintonía con el resto de ministros, que defienden que lo único que ha hecho García Ortiz es "desmentir un bulo".
En cualquier caso, el Ejecutivo no cree que su imputación vaya a tener mucho recorrido porque lo que se investigan son unas filtraciones a la prensa que el Supremo sospecha que pudieron venir del fiscal, lo que perjudicó el derecho de defensa y la presunción de inocencia del empresario. Esto es lo que ha descolocado a Moncloa, que en todo caso se esperaba una imputación por la nota de prensa publicada por la Fiscalía para desmentir una información de El Mundo en la que se decía que la Fiscalía era la que había ofrecido un acuerdo a González Amador y no al contrario. Aseguran que, en ese caso, entenderían la atribución de la autoría al fiscal general.
Por ello, el Gobierno ve "remota" la posibilidad de que se acabe condenando al fiscal general por revelación de secretos por esas filtraciones, ya que defiende que al menos 30 personas tenían acceso a los citados correos electrónicos. Además, ven muy difícil que el Supremo llegue a algún puerto ya que ningún periodista va a desvelar sus fuentes y los filtradores habrán borrado ya sus huellas. "Va a haber mucho ruido, pero esto va a quedar en nada", pronostican desde el Ejecutivo.
De momento, el fiscal general ya ha avanzado que no abandonará su puesto al alegar que su continuidad "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". "Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales de nuestro país", señaló García Ortiz en un breve comunicado.
Y aunque cuenta con el respaldo del Ejecutivo y de algunos de sus socios, que ven en la imputación una "maniobra" del PP, la oposición ha salido en bandada a pedir la dimisión del fiscal. "No puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", señaló la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, al igual que Vox, que ha aseverado que el Gobierno ha copado de "saqueadores y de extorsionadores" las instituciones. En cualquier caso, en lo que sí coinciden tanto oposición como algunos socios del PSOE es que el Ejecutivo de Sánchez se encuentra en sus horas más bajas y en medio de un callejón de difícil salida.
