El Gobierno ha accionado el interruptor que arranca la segunda fase del plan de recuperación, una etapa en la que España podrá movilizar hasta 83.000 millones de euros en préstamos baratos financiados por la UE. El Ministerio de Economía ha firmado este lunes un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para activar 30.000 millones de euros en inversiones verdes y para el crecimiento de pymes. Una cifra que se suma a los 20.000 millones que ya empezó a mover la semana pasada para proyectos gestionados por las comunidades autónomas, con una primera ronda de 3.400 millones.
Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se trata de un "buen impulso inicial a la segunda fase del plan" que permitirá "maximizar" el impacto de la llegada de inversiones a sectores estratégicos. Esta 'parte B' del plan no es tan ventajosa como la primera —en la que se entregaba dinero a fondo perdido—, pero el Ejecutivo confía en que también logre movilizar inversiones verdes, en vivienda, transformación digital o para el crecimiento de pymes.
La financiación que se ha activado este lunes tras la firma del acuerdo con el ICO se divide en dos fondos. El primero de ellos está dotado con 22.000 millones de euros para inversiones para combatir el cambio climático. En este apartado, las empresas y los hogares podrán solicitar préstamos para proyectos en materias como transporte sostenible, eficiencia energética o energías renovables.
Por poner un ejemplo, un empresario hotelero podría solicitar un préstamo para cambiar las cámaras refrigerantes de su restaurante por otras más eficientes energéticamente. O una empresa podría plantear un proyecto para comprar vehículos eléctricos o instalar puntos de recarga o paneles fotovoltaicos. En el caso de los hogares, estos podrán recurrir a préstamos 'baratos' para adquirir un vehículo eléctrico o para mejorar la eficiencia energética de su vivienda.
El segundo fondo que activa el ICO este lunes financiará inversiones que potencien el crecimiento de las pymes. Para ello se ponen a disposición de las empresas 8.150 millones de euros en préstamos que faciliten que las compañías de tamaño pequeño y mediano puedan aumentar su tamaño. En este apartado, los bancos jugarán un papel clave a la hora de seleccionar los proyectos y asumirán el riesgo. El Gobierno ha reservado 1.000 millones para proyectos de pymes turísticas y 150 millones para el Perte de las lenguas cooficiales.
En ambos casos se podrán formalizar dos tipos de proyectos. Los primeros pueden alcanzar hasta un máximo de 10 millones de euros de presupuesto y están pensados para pymes y los financiarán fundamentalmente las entidades de crédito. Es decir, habrá que acudir a la ventanilla del banco a solicitarlos.
Las inversiones más voluminosas que superen esa cantidad encajan con el perfil de grandes empresas o administraciones públicas donde el ICO puede participar mediante financiación directa y otros instrumentos como la compra de bono o la entrada en el capital. En todo caso, Economía calcula que el 70% de los 30.000 millones que ahora se movilizan se canalizarán a través de los bancos.
Fuentes del ICO trasladan que los préstamos actuarán como una "red de estabilidad" y aportarán seguridad financiera gracias a sus condiciones ventajosas. Estas condiciones se traducen en tipos de interés más bajos que los que podría conseguir el Tesoro español por su cuenta y en plazos de devolución más largos, con la posibilidad de introducir periodos de carencia. Las mismas fuentes estiman que un préstamo financiado con dinero europeo puede suponer un ahorro de un 8% en comparación con un crédito para una inversión similar fuera del plan de recuperación.
Dudas sobre el apetito por los préstamos
Pese a que el potencial de movilización de fondos es incluso algo mayor que en la primera, hay grandes dudas de que la demanda vaya a ser similar. Aunque el volumen de financiación es superior que el de las ayudas fondo perdido, se trata de préstamos que hay que devolver y que, en el caso de que las inversiones las ejecuten administraciones, computan de cara al déficit y la deuda.
Además, las condiciones financieras que se dan en la actualidad, con tipos de interés oficiales que rozan máximos históricos, son muy diferentes a los tipos cero que se registraban cuando se diseñó el programa. El fuerte encarecimiento de la financiación en general resta atractivo a estos créditos blandos que, aunque tienen condiciones más favorables, también se ven afectados por el encarecimiento generalizado de la financiación.
A esta situación se le añade la importante carga burocrática y la complejidad que traen consigo los fondos europeos. Dos factores a los que también se añaden los ajustados plazos. El reglamento de los fondos obliga a comprometer todo el gasto antes de agosto de 2026, y el apartado de los préstamos apenas acaba de empezar a funcionar, por lo que apenas restan dos años. Este último punto ha despertado críticas de varios gobiernos autonómicos, tanto por lo apurado de los plazos como por la falta de colaboración con las comunidades a la hora de diseñar el fondo.
