El Ministerio de Economía ha activado este miércoles la primera fase del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), uno de los vehículos en los que se desplegarán los créditos blandos con cargo al plan de recuperación financiado por la Unión Europea. El FRA está dotado con un total de 20.000 millones en préstamos en condiciones favorables para desarrollar proyectos en el ámbito de las comunidades autónomas, aunque en esta primera fase se desplegarán 3.400 millones. La idea es que se empiecen a formalizar las primeras operaciones antes de que llegue el verano.
El ministro del ramo, Carlos Cuerpo, se ha reunido con los consejeros y consejeras de Economía de las autonomías para informarles de cómo funcionará este mecanismo que está gestionado al alimón con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigido por la ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
La reunión se ha celebrado en el marco de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un foro que el Gobierno llevaba 35 meses sin convocar, lo que ha despertado críticas de la oposición. Gerardo Camps, senador del PP, le reprochó al ministro la demora y haber realizado la convocatoria "deprisa, tarde y mal" durante un debate celebrado el martes en la Cámara Alta.
El debate sobre la cogobernanza
El FRA movilizará un total de 20.000 millones de euros en préstamos blandos para proyectos autonómicos en materias como vivienda social, transporte sostenible o competitividad industrial y de las pymes. Y se irá desplegando, a priori, "en función de la demanda de mercado y de las comunidades autónomas". En consecuencia, "no se han establecido porcentajes de reparto o tope" a cada territorio, señala el Ministerio de Economía en una nota difundida esta tarde. El dinero deberá quedar comprometido a los proyectos antes de agosto de 2026, aunque los plazos de devolución de los préstamos puede llegar a alcanzar los 30 años.
Aunque el Gobierno ha desplegado proyectos financiados con fondos europeos por todo el territorio, este es el mecanismo en el que las comunidades deberían tener más poder de decisión. Los gobiernos regionales formarán parte de los Consejos de Inversiones, el órgano que decidirá qué proyectos se aprueban y en qué condiciones. "Serán las comunidades las que aprueben las grandes operaciones de financiación, supervisen la selección de los intermediarios financieros y hagan seguimiento del desempeño del fondo", ha señalado Cuerpo en una rueda de prensa posterior a la reunión.
El papel de los gobiernos autonómicos en el despliegue de los fondos ha sido muy criticado por los gobiernos regionales, especialmente los que ostenta el Partido Popular. La semana pasada, la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, denunció que hay proyectos que será "materialmente imposible" poner en marcha por lo apurado de los plazos (los fondos deben estar comprometidos antes de agosto de 2026).
"Esto nos hace pensar que habrá que destinar los fondos a proyectos que estén ya iniciados porque, si no, sería muy difícil poder cumplir los plazos. De ser así, las opciones de poder acceder a esta financiación van a ser reducidas", señaló en una conversación con periodistas de la que se hizo eco la agencia Europa Press.
Dos tipos de instrumentos
El FRA se desplegará a través de dos mecanismos de financiación. Los proyectos más grandes (energías renovables, transporte limpio o infraestructuras sostenibles) se gestionarán mediante "cofinanciación directa". Se otorgarán préstamos directos que se complementarán con recursos propios del Banco Europeo de Inversiones.
Los proyectos más pequeños —como pueden ser las inversiones en desarrollo urbano y turismo sostenible o los proyectos para pymes— se financiarán mediante intermediarios. En este caso, el BEI seleccionará a bancos, gestores o fondos de capital riesgo que se encargarán de proporcionar el dinero.
