Yolanda Díaz, sindicatos y patronal han firmado este martes un acuerdo a tres bandas para tratar de atajar la desigualdad de las personas LGTBI en el trabajo. Un pacto tripartito, atípico en estos tiempos de amargos desencuentros entre los empresarios y el Gobierno, que obligará a las empresas de más de 50 empleados a establecer medidas para evitar la discriminación de este colectivo en el entorno de trabajo.
El texto establece que la representación legal de los trabajadores debe negociar con la empresa una serie de medidas que deberán plasmarse en los convenios colectivos, por lo que será necesario abrir la negociación. Los convenios deberán incluir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación hacia las personas LGTB.
Además, tendrán que formar a las personas encargadas de reclutar personal para erradicar estereotipos en los procesos de selección y también deberán incorporar módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en los planes de formación de la empresa. De igual manera, será necesario contar con un protocolo de acompañamiento para las personas trans en el empleo.
Asimismo, los convenios deberán garantizar que las personas LGTBI pueden acceder a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por motivos de orientación, identidad sexual y expresión de género. El régimen disciplinario tendrá que integrar también, en su caso, infracciones y sanciones por comportamientos contrarios a la libertad sexual, orientación y expresión de género de los trabajadores.
El acuerdo, que ya adelantó por la propia Díaz a comienzos de este mes, se ha rubricado este martes de manera oficial con el acto de firma celebrado en la Escuela de Organización Industrial. En la foto han estado presentes la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; los líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, y representantes de CEOE y Cepyme.
Foto sin Garamendi tras los roces con Trabajo
Antonio Garamendi, presidente de la patronal, no ha acudido al acto, alegando problemas de agenda. Tampoco lo ha hecho Gerardo Cuerva, presidente de la principal asociación empresarial de las pymes. Las dos grandes patronales españolas han enviado en su lugar a Val Díez, presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad en CEOE y a Miguel Canales, responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales en Cepyme.
Una ausencia que se produce en un contexto en el que las relaciones entre los empresarios y el departamento de Díaz atraviesan un momento delicado. El último desencuentro se ha producido a raíz de las negociaciones para reducir la jornada laboral legal máxima de 40 horas establecida en el Estatuto de los Trabajadores a 38,5 en 2024 y después a 37,5 en 2025.
El Ministerio de Trabajo ha metido un acelerón para sacar adelante esta medida antes de las vacaciones y ha dado un ultimátum a los empresarios: o presentan una propuesta en los próximos siete días o los sindicatos y el Gobierno seguirán negociando por su cuenta para alcanzar un acuerdo a dos partes. Los empresarios rechazan ese marco y, tal y como adelantó La Información, descartan enviar una propuesta escrita. Un extremo que ha confirmado este mismo martes el propio Garamendi.
El presidente de la patronal ha señalado que CEOE ha planteado "muchísimas propuestas". La más discutida, y que han rechazado sindicatos y Trabajo, es la posibilidad de compensar la reducción legal de jornada con un aumento en el número de horas extra que permite la normativa actual (80 horas). Garamendi sostiene que "no hay diálogo social" y ha tirado de símil futbolístico. "Es como si te invitan a jugar un partido de fútbol, pero te dicen, vas a perder 5-0, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario". "Y entonces te dicen, no es que en vez de 5-0 vas a perder 4-0, eso no es diálogo", ha señalado.
