El Consejo General de Economistas ha cargado este lunes contra el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables que entró en vigor el pasado mes de enero al considerarlo confuso en su aplicación y perjudicial para la competitividad para las empresas de España, el único país de la UE donde se aplica este nuevo gravamen.
Este impuesto forma parte de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y que, tras varias veces paralizado, entró en vigor a principios de año. Se trata de una tasa de 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado que deben pagar fabricantes, importadores productores e importadores. El Gobierno lo planteó como un impuesto medioambiental, para reducir el uso de estos artículos, y desde el principio ha contado con la oposición frontal de PP. Después de medio año de aplicación, la lectura que hace el Consejo General de Economistas no es positiva. Así lo han manifestado tres de sus representantes durante la presentación de un informe sobre fiscalidad ambiental en España que, precisamente, llama la atención sobre gravámenes que no están suficientemente justificados o comprendidos por la población y que, más que para conseguir mejoras ambientales, son percibidos como una "carga" y afán recaudatorio.
El documento analiza varios tipos de estos impuestos en España y no entra al detalle en el que se aplica sobre los envases de plástico que, sin embargo, ha sido uno de los más mentados durante la exposición. El Consejo General de Economistas considera que no están claras las normas para su aplicación y aunque conceden que "alguien tiene que empezar a aplicarlo", afirman que, al ser solo español, no cuenta ni con el conocimiento ni el respaldo de fabricantes extranjeros o importadores y que, a la postre, supone una merma para la competitividad de los fabricantes españoles, que compiten en un terreno como la UE donde no existen otros impuestos para los envases de plástico no reutilizables.
"La gente no estaba preparada para tener las herramientas para determinar la base imponible ni la cuota a satisfacer", ha señalado Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, sobre un impuesto que genera "multitud de dudas sobre en quién recaía" y que, según ha dicho, ante tales dudas el mensaje ha ido "aunque no seáis capaces de hacerlo bien del todo, no dejéis de cumplir con la obligación".
Que España sea el único país que lo tiene en la UE "genera una diferencia a peor en la competencia con los vecinos europeos", ha añadido, además del problema de exigir certificados de reutilización a fabricantes de envases no europeos, que tampoco conocen este impuesto. "Cuando lo tienen que pedir a un proveedor asiático directamente te preguntan de qué estás hablando", ha abundado Fernández. Según ha dicho, su "percepción" por las "tres o cuatro" situaciones que conoce de empresas que se enfrenta a él es que la percepción sobre el impuesto al plástico "es la contraria" a la que el Consejo General de Economistas ha querido trasladar este lunes y es percibido como "algo más que tenemos que pagar, una carga", sin que se vea como algo que ayuda al medio ambiente.
La idea general es que "debería haber una cierta racionalización" en la aplicación de impuestos medioambientales, que según ha dicho el director del Servicio de Estudios, Salvador Marín, "deberían estar dentro de una reforma tributaria de verdad". Allí y en relación con las medidas ambientales, defienden que no solo se tenga en cuenta los impuestos, sino los incentivos para inversiones en tecnologías sostenibles. Estos impuestos, ha afirmado, "tienen que reconfigurarse para que tenga impacto en el objetivo de descarbonización y protección del entorno" y eviten ser percibidos como una carga excesiva para hogares y empresas que perjudique a toda la agenda verde en su conjunto.
Según una encuesta que figura en el informe, solo los eslovacos superan a los españoles como los habitantes de la UE más concienciados con preservar el medio ambiente (más del 80%) pero la tasa disminuye por debajo del 40% si se les pide implicarse más por medio de impuestos medioambientales. A pesar de que en España son más bajos que la media europea y se sitúa más o menos en línea con los de la OCDE, de acuerdo con el informe.
Según el presidente de Economistas, Valentín Pich, el principio de "quien contamina paga" debe seguir vigente pero no solo, deben tenerse también en cuenta incentivos para invertir en nuevas tecnologías o en I+D+i. Los dos elementos son el "palo y la zanahoria" que el Consejo General de Economistas propone para una fiscalidad ambiental que el Gobierno ha aparcado de nuevo, a pesar de que Bruselas le reclama una reforma fiscal.
Afán medioambiental o recaudatorio
El informe analiza los principales impuestos ambientales en España, para determinar si ese es realmente su objetivo y concluye que el que más lo es es el impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que en España solo se aplica a los gases fluorados, el 3% de las emisiones, el porcentaje más bajo de entre los países de la UE.
Por el contrario, considera que la "finalidad tradicional" de los impuestos sobre los hidrocarburos, que varían entre gasoil, gasolina, queroseno o gas natural, "no ha sido la protección medioambiental sino recaudatoria". También en este caso, los tipos impositivos son más bajos de la media europea. Por ejemplo, sobre la gasolina y el gasóleo son un 15 y un 9%, mientras que la media en la UE es del 22 y 20% respectivamente.
También considera "bastante discutible" la tributación sobre la electricidad y censura que estos impuestos no tengan en cuenta la tecnología que se emplea para generarla. "No diferencian la fuente de energía para su generación y los encontramos en el precio con independencia del contenido contaminante", ha señalado Pich, sobre unos impuestos, que, de este modo, "no podemos decir que supongan un incentivo para utilizar fuentes de energía verde".
Distinta es la orientación que percibe en los llamados "impuestos sobre el transporte", como la matriculación, la circulación o sobre la propiedad de un vehículo. "En un primer momento", antes incluso de que existiera una política medioambiental, "su finalidad era básicamente recaudatoria", pero reconoce que en la actualidad sí lo es, porque "en la mayoría de los casos varía en función de variables técnicas de los vehículos que inciden en su impacto medioambiental".
Tampoco ven un excesivo cuidado medioambiental, en los impuestos que casi todas las comunidades autónomas -menos Madrid y Castilla-La Mancha- fija sobre el uso del agua, en relación a la carga contaminante, la escasez o el deterioro de los recursos hídricos.
Impuestos estatales, recaudación autonómica
El papel de las comunidades autónomas es otro aspecto que destacan Economistas. Según indican, y ante "cierta dejadez" por parte del Estado, son ellas las que crean y aplican la mayoría de impuestos medioambientales, pero de una forma tan diversa y "sin ningún tipo de elementos común" que provoca grandes diferencias sobre la manera de gravar el mismo hecho imponible e incluso "litigiosidad" entre comunidades e incluso entre distintos municipios.
El Consejo General de Economistas cree que esto se evitaría si fuera el Gobierno central el que establezca los impuestos, aunque sean los gobiernos autonómicos los que los recauden. "No tiene sentido que unas comunidades no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí", ha señalado Pich.
