Cientos de poblaciones de la zona mediterránea de España se ubican a lo largo de tres centenares de zonas declaradas de especial riesgo por inundación alrededor de ríos que desembocan en el Mediterráneo, en las inmediaciones de tramos de cauces de ríos susceptibles de registrar crecidas más o menos extraordinarias y también, y de forma mucho menos habitual, inundaciones como las que han provocado las lluvias torrenciales producto que desde el martes ha ido dejando la DANA que empezó azotando la provincia de Valencia. En total, son más de dos centenares de zonas de riesgo identificadas desde Barcelona a Málaga sobre las que los distintos gobiernos autonómicos prometen medidas sin llegar a abordar del todo la que para los ecologistas es clave, dejar de urbanizar y de constreñir con hormigón los cauces 'normales' de los ríos, que ante situaciones de lluvias tan intensas las de estos días terminan desbocados.
Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) es el nombre técnico que se da a las zonas alrededor de los ríos -también de la costa- que eventualmente podrían verse inundadas por si el cauce alcanza su nivel de amplitud máxima o ante eventos más extraordinarios como DANAS como la de esta semana, cuya posibilidad se calcula a 10, 50, 100 y 500 años vista. Todo este trabajo forma parte de los planes de gestión que, ya en su 'segundo ciclo' y contemplando ya efectos relacionados con el cambio climático, han ido elaborando en los últimos años las comunidades autónomas, en colaboración con las distintas confederaciones hidrográficas y el Ministerio de Transición Ecológica.
De Mojácar al Delta del Ebro pasando por Gandía
En total, en la vertiente mediterránea los distintos planes suman 300 zonas de especial riesgo de inundación. Las autoridades identifican 160 ARPSIs en las cuencas mediterráneas de Andalucía, 46 en la cuenca del Ebro, 42 en las cuencas interiores de Cataluña, 30 en la del Júcar, 22 en la del Segura, en las que se extienden poblaciones desde Mojácar en Almería, Murcia o Lorca; Elche, Denia o Santa Pola en Alicante o Gandía y Sagunto en Valencia, hasta el Delta del Ebro, que donde las zonas de riesgo de inundación se remontan mucho más al interior y al norte, hasta Lleida Tudela (Navarra) o Reinosa (Cantabria). Entre ellas figuran también municipios tan golpeados por la DANA de estos días como Chiva o Castellón.
Estas y centenares más de localidades están en zonas potencialmente inundables y que pueden resultar anegadas por el caudal de estos ríos si alcanza su máximo ordinario, cuando más frecuente ocurre, en primavera u otoño, o que también pueden verse especialmente afectadas ante fenómenos más extraordinarios, como DANA al estilo de la de esta semana.
El Ministerio de Transición Ecológica recordaba hace unos días que estos documentos incluyen "información precisa que sirve como instrumento para la prevención y la planificación de riesgos", en plena polémica con l Comunitat Valenciana sobre lo que se pudo o no haber hecho antes para evitar los efectos catastróficos de la DANA en la provincia de Valencia. Estos documentos hacen el diagnóstico de los riesgos pero que, en opinión de los ecologistas que piden una mejor gestión de los ríos, no es suficiente. "Queda mucho por hacer en estos planes de riesgo para cuando vuelva a suceder. Le ha tocado a la Comunitat Valenciana y en otra ocasión le tocará a Extremadura o a Murcia", afirmaba la responsable de ríos de Ecologistas en Acción, Érika González, sobre la realidad de que "cada cierto tiempo" volverá a haber lluvias torrenciales u otro tipo de sucesos que provoquen desbordamiento. "Esta ha sido muy gorda", dice sobre lo ocurrido esta semana, "pero puede ocurrir", afirma.
Existe un plan y una identificación de zonas de significativo riesgo de inundación por cada río y en el caso de la cuenca mediterránea. En estos documentos, de muchos cientos o más de mil páginas cada uno, se identifican las ARPSIs y las localidades afectadas por ellas, se identifican riesgos y se hacen pronósticos de cuál podrá ser el comportamiento del agua en cada una de ellas a decenas o centenares de años vista. También, se plantean medidas para que los efectos de una riada o de lluvias torrenciales sean lo más limitados posibles para la población y las actividades económicas, que Ecologistas en Acción critica que no son suficientes. "No se toman las medidas necesarias para evitar daños materiales y humanos", asegura Erika González.
En plena polémica estos días por la responsabilidad de haber lanzado la alerta de Protección Civil entre los valencianos, el Gobierno central también señaló a estos documentos, de muchos cientos de páginas cada uno con los potenciales riesgos en función de la población o de las actividades económicas y de criterios diversos, como una de las fuentes de información que también podría haber tomado en cuenta el Gobierno de Carlos Mazón para hacerse una idea del riesgo al que se enfrentaba la provincia de Valencia el martes pasado. "La administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no; si es una zona inundable o no; si la crecida es en un río de caudal elevado o en uno pequeño", incidía este jueves el Ministerio de Transición Ecológica para respaldar el papel de la Aemet.
Dentro de la clasificación del riesgo de inundación y sus afectaciones en cada zona, los distintos planes reproducen también una escala en la que los "obstáculos en el cauce" como azudes o "pequeñas presas", cuya eliminación vuelve a ser utilizada por negacionistas y formaciones de ultraderecha para explicar fenómenos como la DANA sin imputárselo al cambio climático, pero que en los planes de gestión de zonas de inundaciones se califica de "muy alto" dentro del grado de afectación.
Limitar la urbanización
Como indicaba el Ministerio para la elaboración de estos planes de riesgo de inundación y sobre todo para evitar sus peores consecuencias en zonas con riesgo de inundación incluyen medidas relativas al urbanismo y la edificación, en el sentido de "limitar los usos del suelo en zona inundable" como son todas estas áreas, para "adaptar el planteamiento urbanístico" o incluso para hacer que estas zonas no sean edificables.
En el caso del urbanismo, Ecologistas en Acción denuncia que no se está haciendo lo suficiente, porque se sigue construyendo en las inmediaciones de ríos y las zonas de alrededor, donde podrían expandirse en caso de crecida, o porque se acotan de más con hormigón los cauces. "En muchos sitios no solo se ha urbanizado, es que hay barrios enteros y es complejo decir ahora que se libera", dice González, que no solo achaca el exceso de ladrillo en zonas donde puede haber problemas por agua al sector privado, también a las administraciones que deciden situar allí desde caras infraestructuras como depuradoras a instalaciones tan sensibles como residencias de ancianos.
