El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad en septiembre una ley que rebajará las condenas de decenas de etarras, y el Senado no puede hacer nada para frenar su entrada en vigor. Aparentemente, el PP, Vox y UPN han descubierto repentinamente las implicaciones de esta ley cuando ya la habían apoyado. Tampoco los medios habían reparado en que la reforma rebajaría las penas de más de 40 etarras hasta que lo desveló El Confidencial este lunes. La noticia ha desatado un debate exaltado, confuso y repleto de mentiras y medias verdades pronunciadas en ruedas de prensa y tribunas parlamentarias.
Empezando por una afirmación a la que se han agarrado el Gobierno y el PSOE desde el comienzo de la semana, expuesta este miércoles por el presidente desde la tribuna de oradores del Congreso: la ley no implicará "rebajas" de condenas, "los que están condenados 30 años, cumplirán 30 años, y los que estén condenados a 10 años, cumplirán 10. No hay rebaja alguna".
Se rebajan condenas que se habían impuesto en España
La aprobación de esta reforma legal sí implicará la rebaja de las penas aplicadas a decenas de terroristas en España, ya que obligará a recalcular las penas de los etarras teniendo en cuenta las que han cumplido en Francia. Para comprenderlo hay que remontarse a 2014, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó una ley (LO 7/2014) obligado por la Unión Europea. Se trataba de trasponer una decisión marco aprobada por la UE, que dice que "sería conveniente" que todos los Estados miembro atribuyeran a las condenas impuestas por los demás países de la UE los mismos efectos que a las dictadas por el propio.
"Los efectos atribuidos a las resoluciones condenatorias pronunciadas en otros Estados miembros deberían ser equivalentes a los atribuidos a las resoluciones nacionales", explica la decisión marco.
En 2014, con cuatro años de retraso, el Gobierno del PP traspuso aquella normativa al derecho español, pero quiso evitar que se tuvieran en cuenta las condenas a etarras en Francia. Lo consiguió con una disposición adicional que deja fuera las condenas previas al 15 de agosto de 2010, la fecha límite en la que se debía trasponer la decisión marco. Con la reforma actual, se derogará esa disposición adicional y la norma afectará a todos los etarras condenados por Francia antes de 2010. De todos modos, la ley no se refiere específicamente al terrorismo, así que la reforma afectará a todo tipo de delincuentes.
¿Por qué se rebajan penas?
Aunque muchos etarras están condenados a cientos de años de prisión, en España hay un límite de años de cárcel que se pueden aplicar en la práctica. Antes de enero de 2003, el límite eran 30 años, después cambió a 40 años y más tarde se introdujo la prisión permanente revisable. Muchos de estos terroristas se atienen al límite de 30 años porque cometieron los delitos antes de 2003.
A partir de ahora, los que antes de ser condenados en España hayan cumplido condenas en el extranjero, sobre todo en Francia (la mayoría por tenencia ilícita de armas o pertenencia a organización terrorista), verán rebajadas sus penas. El exlíder etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que estuvo en una prisión francesa entre 2001 y 2007, saldrá de la cárcel seis años antes de lo previsto hasta ahora. Iba a salir en 2031, tras cumplir una pena de 24 años de prisión en España por redenciones de condena. Al tenerse en cuenta los seis años que ha pasado en Francia, habrá cumplido 24 años en 2025.
La reforma no viene obligada por la UE
El Gobierno se ha agarrado a una afirmación engañosa desde que saltó la liebre este lunes por la mañana. La Moncloa asegura que la reforma es una mera trasposición de una directiva impuesta por la Unión Europea: "Formar parte de la Unión Europea implica privilegios, pero también obligaciones", sentenció el presidente Sánchez este miércoles desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nunca ha obligado a España a tener en cuenta las condenas impuestas a etarras en Francia antes de 2010 a la hora de aplicarles nuevas condenas en España. El Gobierno del PP incluyó aquella disposición adicional en la norma de 2014 para que no se computaran las condenas previas a 2010, y el TJUE no ha rechazado esa ley, que está vigente a día de hoy.
De hecho, tres etarras a los que no se computaron las condenas impuestas por Francia recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal señaló que no se habían violado sus derechos fundamentales. Lo que sí es cierto es que esta reforma legal, además de derogar la disposición adicional del Gobierno de Rajoy, traspone una directiva europea de 2019, que en ningún caso tiene que ver con la rebaja de penas a etarras.
La derogación de la disposición adicional se introdujo durante la tramitación parlamentaria de esta reforma a través de dos enmiendas de Sumar. Son estas dos enmiendas las que harán que se rebajen las condenas de más de cuarenta etarras. El preámbulo de la ley, al referirse a estas enmiendas, no dice que sirvan para cumplir con la normativa europea, sino para mejorar "su efectividad".
El Consejo de Estado avaló la norma sin la disposición
Otro de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno es que "la ley viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado del 16 de diciembre de 2023". Esto tampoco es cierto, por que el Consejo de Estado no emitió un informe aquel día, sino el 16 de diciembre de 2013. Y el dictamen no se refería a la ley actual, sino a la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno atribuye su error comunicativo a una errata, pero hasta corregirla no ha especificado que lo que avaló el Consejo de Estado fue la ley del Ejecutivo de Rajoy de 2014, eso sí, cuando esta aún no contenía la disposición adicional que ahora se va a derogar.
El Consejo de Estado no ha avalado la norma que aprobó el Congreso el 18 de septiembre, con las enmiendas que provocarán las reducciones de condenas. Pero sí que ha avalado la norma que presentó Rajoy antes de incluir la disposición adicional que evitó la reducción de las condenas.
