La nueva tasa de basuras que el Gobierno central obligará a los alcaldes a introducir a partir de abril del año que viene para que cada vecino pague el 100% del coste de recoger, transportar y reciclar la basura orgánica no es la única opción que la directiva europea da a los gobiernos para hacer pagar por la generación de residuos y de la que parte la idea del español de crear un nuevo impuesto municipal que se deberá cobrar separadamente, por ejemplo, del IBI en el que se integra en muchos casos. Así queda claro de la respuesta del vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič a una pregunta del PP en Bruselas sobre la "obligatoriedad" de la nueva tasa de basuras, en la que alude a la "lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos" a la que pueden recurrir los países de la UE, a la que se podían añadir otras medidas que también puedan determinar "las autoridades locales".
"El anexo IV bis de la directiva contiene una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembros pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos", dice Šefčovič en su respuesta al PP. Añade que las "autoridades locales" de cada país "pueden también adoptar otras medidas que no figuren en el anexo" que, además, "pueden variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares".
De su respuesta queda claro que crear una nueva tasa de recaudación obligatoria y separada, por el 100% del coste de recoger, transportar y reciclar los residuos, no era el único instrumento que tenía el Gobierno en sus manos para cumplir con los principios de la directiva, hacer pagar por la generación de residuos a sus productores, en virtud del principio de que quien contamina, paga.
"La directiva no impone ninguna tasa de basuras. Queda claro el radicalismo verde de Teresa Ribera, que quiere obligar a los ciudadanos a pagar íntegramente el reciclado y por ello tendrá que dar explicaciones", ha afirmado Dolors Montserrat, portavoz en el Parlamento Europeo del PP, el partido que más claramente se está oponiendo al nuevo "tasazo" de basuras. La semana pasada, se quedó solo en el Congreso en la defensa de una proposición de ley para instar al Gobierno a "derogar la obligatoriedad" de la tasa y a "respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos", permitiéndoles reducir la carga fiscal a sus ciudadanos con otros recursos, algo que no está permitido en el caso del nuevo impuesto
Según recuerda el vicepresidente de la Comisión Europea, la directiva planteaba fijar tasas de vertederos e incineración, sistemas de pago por generación de residuos según la cantidad de residuos generados, incentivos fiscales a la donación de alimentos, contratación pública sostenible para incentivar una mejor gestión de los residuos o sistemas de depósito y devolución como el que previsiblemente podrán en marcha el Gobierno en dos años para la recogida de botellas de plástico, latas y bricks.
El menú de alternativas que plantea la directiva europea confronta con la justificación que ha dado el Gobierno sobre su obligación, a instancias de la UE, de crear un impuesto que quedó plasmado en la ley en abril de 2022, pero que daba tres años a los ayuntamientos para empezar a cobrarla. Este plazo expira en abril de 2025 y está provocando el rechazo generalizado de los alcaldes contra una tasa para la que denuncian que no tienen criterios claros por parte del Ministerio de Hacienda y, en algunos casos, que encarecerá el coste de la vida de sus vecinos.
En una reunión en Moncloa semana pasada, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José María García-Pelayo, pidió sin éxito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la obligación de crear la nueva tasa de basuras y aseguró que ya están estudiando "medidas legales" para cuando llegue abril y entre en vigor la obligación de crear y recaudar un nuevo impuesto que la FEMP recuerda que es solo competencia local.
Este martes, tras conocerse la respuesta que Šefčovič ha dado al PP, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera ha asegurado que el Gobierno ha sido “desenmascarado por parte de la Comisión Europea” porque la directiva “no obliga a imponer una tasa de basuras para que los ayuntamientos puedan recoger, trasladar y tratar los residuos”.
