Sumar ya tiene nueva portavoz en el Congreso para sustituir al dimitido Íñigo Errejón, pero la coalición sigue sin lograr un acuerdo entre los partidos que la componen para reorganizar el grupo parlamentario y recalibrar los equilibrios de poder interno. La diputada Verónica Martínez, de profesión inspectora de trabajo y muy próxima a la vicepresidenta Yolanda Díaz, será quien asuma el liderazgo de la alianza en la Cámara Baja a partir de la semana que viene, aunque a Sumar le quedan aún días de negociaciones intestinas por delante para terminar de cerrar su reestructuración.
El anuncio lo realizó Sumar a través de un breve comunicado en el que aseguraba que "la decisión ha sido tomada de manera unánime entre todas las fuerzas que componen el grupo, en el marco de un proceso que comporta la reestructuración de responsabilidades dentro del mismo, tras los últimos cambios en su composición". La coalición también explicó que las formaciones que la componen —básicamente Díaz junto a IU, Más Madrid y Catalunya en Comú— han pactado crear "un espacio de coordinación en el que todas las fuerzas participen en igualdad de condiciones", como pedían los aliados de la vicepresidenta para restarle poder interno.
No obstante, fuentes oficiales de Sumar explican que todavía no hay acuerdo entre los integrantes de la coalición para encajar el resto de piezas del puzle y que esas negociaciones deberán terminar de "perfilarse" en los próximos días. El nombre de Martínez para ocupar el cargo de portavoz llevaba días siendo de consenso, pero si no se había anunciado hasta este miércoles es porque Sumar quería informar de la designación una vez las conversaciones se hubieran cerrado por completo. Ese plan ha fracasado.
Las discrepancias giran en torno a los puestos de segunda y tercera fila en el grupo parlamentario, puesto que todos los partidos integrantes de Sumar quieren ganar poder o, al menos, no perder influencia en la reconfiguración del espacio. Uno de los asuntos que más está dilatando la consecución de un acuerdo, explicaban el martes fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones, es la aspiración de IU de conseguir de una vez por todas una de las portavocías adjuntas del grupo de Sumar en el Congreso, una pretensión que Díaz no ve con malos ojos, pero que no ha terminado aún de concretarse.
Esa batalla viene de lejos, porque a finales del año pasado, cuando se constituyeron los grupos parlamentarios, la vicepresidenta negó a la federación uno de esos puestos y se los entregó a partidos con mucho menos peso que IU, como Compromís o Chunta. En aquel momento, a Díaz la exclusión de IU le sirvió para dejar también sin puestos de responsabilidad a Podemos, que todavía estaba en el grupo de Sumar. Pero la decisión sentó fatal a la formación que ahora lidera Antonio Maíllo, que en enero del año pasado, cuando se eligió a Errejón como nuevo portavoz de Sumar en sustitución de la dimitida Marta Lois, tan solo fue resarcida con un puesto de portavoz "sustituto" para Enrique Santiago.
Con esa decisión, IU logró recuperar la capacidad para presentar iniciativas parlamentarias sin que Sumar le autorizara previamente, pero nada más. Y, por ello, en esta ocasión la federación ha puesto como línea roja para un acuerdo que Santiago sea elegido de una vez por todas portavoz adjunto del grupo. Para IU es una cuestión casi de respeto, puesto que consideran que Díaz es ahora una líder sin ninguna estructura detrás y que es IU, junto a Más Madrid y Catalunya en Comú, quien la sustenta. No obstante, el problema es que reglamentariamente Sumar solo puede nombrar tres portavoces adjuntos. Y esos puestos ya están ocupados por Aina Vidal (Catalunya en Comú), Águeda Micó (Compromís) y Jorge Pueyo (Més).
De esos tres, Vidal es la única dirigente cuya continuidad como portavoz adjunta nadie pone en duda dentro del grupo parlamentario de Sumar. Pero hay muchas más dudas con Micó y Pueyo. Y ahí es donde se produce el conflicto de intereses, puesto que nadie, ni Compromís ni Chunta, quiere perder la visibilidad mediática que otorga una portavocía adjunta en el Congreso, por no hablar del importante plus económico que supone y que, al menos parcialmente, todos los diputados donan a sus partidos.
