El Tribunal Supremo, que este miércoles ha incoado una investigación en torno a la filtración de información sensible sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, alerta de que esta filtración "puede condicionar" la investigación a este empresario, Alberto González Amador, imputado por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Según relata el auto por el que la Sala de lo Penal ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como presunto autor de estas filtraciones, González Amador podría haber visto perjudicado su "derecho a la presunción de inocencia".
La investigación a González Amador se inició el 23 de enero, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria. Las pesquisas giran en torno a un presunto fraude fiscal cometido por el novio de Ayuso en los ejercicios de 2020 y 2021. Además de defraudar más de 350.000 euros, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría cometido un presunto delito de falsedad documental.
El 2 de febrero, el abogado de González Amador, Carlos Neira, contactó con la Fiscalía Provincial de Madrid vía correo electrónico para proponer un acuerdo de conformidad por el que el investigado reconocería los hechos y evitaría una posible pena de prisión. Los correos electrónicos que intercambiaron a partir de ese día Neira y Julián Salto, el fiscal de Delitos Económicos, salieron a la luz el día 13 de marzo.
Algunos medios publicaron que había sido la Fiscalía la que ofreció un acuerdo al abogado de González Amador y otros señalaron, citando los mismos correos, que el pacto lo había propuesto el propio Neira. Aquellas informaciones, basadas en filtraciones de los mensajes intercambiados entre Neira y Salto, se sucedieron a partir de las 21.29 horas del 13 de marzo hasta que a las 10.20 horas del día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó una nota de prensa relatando los hechos.
González Amador se querelló contra la institución por considerar que aquel comunicado -repleto de detalles sobre su situación- vulneraba su derecho a la defensa. Tras meses de investigación, el Tribunal Supremo ha asumido las pesquisas, que se dirigen ahora contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Sin embargo, el Tribunal Supremo no pone el foco en la nota de prensa, que no incluía información "indebidamente revelada", sino en la filtración de los correos electrónicos a algunos medios.
Para el Supremo "resulta obvio" que la filtración puede tener "repercusión" en la causa que investiga a González Amador. El tribunal destaca que en los correos que salieron a la luz se reconoce "la culpabilidad" de González Amador, dado que su abogado admitió que su cliente había cometido dos delitos fiscales. La revelación, prosigue el Supremo, no se produjo "conforme a los parámetros de la ley de Enjuiciamiento Criminal", y puede afectar al proceso.
Aunque el reconocimiento de los delitos "no tuviera lugar en el marco del proceso penal y con todas las garantías", el alto tribunal subraya que la propuesta del pacto de conformidad era "reservada". Y concluye que su revelación no es "compatible con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos" que fija el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Aunque el Supremo considera que las filtraciones pueden tener "una eficacia probatoria residual", señala que "ello no es obstáculo para apreciar, al menos en este momento procesal, un perjuicio derivado de las revelaciones".
