La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a primera hora de la mañana a la Diputación de Badajoz para recabar documentación relativa al caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han adelantado ABC y RTVE.
Los agentes han iniciado la operación por orden de la jueza instructora, que hace unas semanas abrió diligencias contra David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; y el responsable de Recursos Humanos de dicha institución, Alejandro José Cardenal.
Ello, a raíz de una denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por posibles delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La denuncia interpuesta por la organización se basa, principalmente, en que el hermano del presidente percibe en la Diputación "un sueldo sin ir a trabajar". "En estos siete años en que David Azagra ocupa el lugar de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no lo ha dirigido más veces", afirman desde Manos Limpias.
Además, atendiendo a una noticia publicada por un medio de comunicación, exponen que David Sánchez "no asiste a su puesto de trabajo a la Diputación, excepto en contadas ocasiones", aunque "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".
Sosteniéndose también en otras informaciones periodísticas, Manos Limpias manifiesta que David Sánchez tiene su residencia en Elvas (Portugal), donde, según hacen constar en la denuncia, el empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, tiene sociedades mercantiles.
El colectivo denunciante apunta también que David Sánchez tiene un patrimonio valorado en dos millones de euros "para un sueldo que percibe de 55.000 euros". De hecho, la semana pasada el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz pidió a la Agencia Tributaria que emitiese un "informe detallado" sobre una serie de aspectos fiscales del hermano del presidente.
En concreto, la jueza preguntaba a Hacienda si el también conocido como David Azagra tiene su residencia fiscal en España o Portugal, y en su caso, cuándo se ha realizado el cambio de residencia, y si esta "sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".
