La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales va quemando poco a poco etapas y se acerca al inicio de su tramitación en el Congreso. Este miércoles, el Consejo Económico y Social —un órgano consultivo del Gobierno conformado por patronales, sindicatos y organizaciones agrarias, pesqueras o de consumidores— aprobó un dictamen en el que "reconoce la relevancia social, económica y empresarial de la reducción de la jornada laboral", un último paso antes de que el anteproyecto de ley vuelva al Consejo de Ministros por última vez antes de ser enviado a la Cámara Baja. Allí, al Ejecutivo la espera una complicada negociación para sacarlo adelante.
Ante la complicada aritmética parlamentaria, el Ministerio de Trabajo han asumido desde el primer momento que tendrá que hacer cambios en el texto inicial para atraer a algunos de sus socios. Y fuentes de Trabajo se abren a recuperar una de las medidas que ya se pusieron sobre la mesa en las conversaciones que mantuvo del departamento que lidera Yolanda Díaz con las patronales para intentar lograr su apoyo a la medida: las ayudas a empresas, especialmente a las más pequeñas y frágiles (que son en las que, en mayor medida, aún mantienen una jornada de 40 horas semanales), para que puedan adaptarse a la reducción de la jornada laboral sin verse perjudicadas.
Ese tipo de ayudas —"medidas de acompañamiento", en el argot utilizado por el diálogo social— terminaron por no incluirse en el anteproyecto de ley aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros tras la negativa de las organizaciones empresariales a estampar su firma en ese texto, algo que sí hicieron los sindicatos. Pero Trabajo es consciente de que algunos aliados derechistas del Gobierno, muy especialmente Junts, con importantes vínculos con la patronal, ven con recelo la reducción de la jornada laboral. Y sus votos (o bien los del PP) son imprescindibles en el Congreso para que salga adelante el texto, por lo que resulta ineludible alcanzar un acuerdo con los independentistas catalanes.
Fuentes del ministerio que lidera Díaz explican que son dos, básicamente, las medidas de acompañamiento que en su momento se discutieron en la negociación con sindicatos y patronal. En primer lugar, Trabajo valoró incluir en la ley de reducción de la jornada laboral una serie de ayudas directas para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas y evitar que la medida acabara perjudicándolas frente a las grandes compañías. Y, además, también se llegó a plantear la puesta en marcha de bonificaciones a las contrataciones que se realicen, puesto que el departamento de Díaz calcula que la reducción de la jornada servirá para fomentar la creación de empleo.
Esas medidas, no obstante, tendrán que negociarse cuando la reducción de la jornada se debata en el Congreso, un proceso que comenzará en las próximas semanas. Este miércoles, Trabajo se limitó a celebrar que el Consejo Económico y Social haya apoyado de manera "prácticamente unánime" el texto, así como "que reconozca explícitamente la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral". "Este respaldo permitirá impulsar la aprobación de una medida que beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente a las más vulnerables laboralmente y actualizar una jornada laboral semanal máxima que ha permanecido invariable durante más de 40 años pese a la indiscutible evolución tecnológica y de la productividad", apuntó el Ministerio.
Trabajo rechaza posponer la reducción de la jornada
El informe, no obstante, también llama a mantener "un equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas y productivas del tejido empresarial". Y las organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social piden, asimismo, "tomar suficientemente en cuenta la gran diversidad del tejido productivo, tanto sectorial como por tamaño de las empresas", y "dotar al anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma". Esa es, precisamente, una de las reivindicaciones que la patronal ha defendido en las negociaciones, así como el Ministerio de Economía, que controla el PSOE.
No obstante, fuentes de Trabajo llaman la atención sobre el hecho de que el informe señala específicamente que "esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras". Y, aunque señalan que obviamente la normativa estará adaptada a sectores que, por su propia idiosincrasia, lo necesiten, también insisten en que no piensan incluir excepciones al plazo general que se otorga a las empresas para que reduzcan a 37,5 horas semanales la jornada de sus empleados, un plazo que terminaría el 31 de diciembre de 2025.
El Consejo Económico y Social se muestra igualmente crítico con "la justificación económica de la reforma", que a su juicio está basada en "un análisis de los impactos económicos esperados insuficientemente fundamentado e incompleto". Fuentes de Trabajo, no obstante, sostienen que, como dice el propio informe, los estudios sobre la reducción de la jornada laboral están sujetos "a controversia teórica" porque el impacto de una medida así es "difícil de medir", y sostienen que han preferido no incluir en el anteproyecto de ley ninguna estimación de impacto, por ejemplo, en términos de creación de puestos de trabajo para que no se les acuse de partidismo.
