Los trabajadores de empresas o centros laborales de más de 250 empleados deberían disponer de tarjetas de transporte pagadas -y deducibles del IVA- para evitar así tener que desplazarse hasta y desde ellos en sus automóviles y también como una manera de evitar la "flota gris", que varios compañeros compartan coche. Si se trata de ir en bicicleta, el casco sería obligatorio por cualquier usuario y en cualquier circunstancia y este debería tener derecho a llevarla como "equipaje de mano" en otros medios de transporte, para fomentar la intermodalidad. Estas son algunas de los siete centenares de enmiendas que han presentado los grupos a la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita en el Congreso, entre las que destaca un llamamiento generalizado a incrementar los puntos de recarga de coches eléctricos, a que las decisiones sobre si abrir o cerrar líneas de trenes no tengan solo en cuenta la rentabilidad sino también los beneficios sociales en zonas despobladas o evitar que el "algoritmo" determine totalmente el transporte público en coche, con una llamada de atención a las VTC sobre el taxi.
Entre las 700 enmiendas que ahora están revisando los grupos hay visiones muy distintas de lo que debería ser la movilidad sostenible desde dar una mayor presencia a la bicicleta como plantean Podemos, Bildu o Sumar hasta dar al automóvil un lugar más prioritario, como pide el PP, que enmienda unos de sus artículos para que "los vehículos de movilidad personal y ciclomotores eléctricos" tengan prioridad sobre el transporte público dentro de la jerarquía que establece la ley de modos de transporte para los planes de movilidad. En el extremo, Vox, exige eliminar las zonas de bajas emisiones de los planes de movilidad que deberían hacer los ayuntamientos, en principio de a partir de 20.000 habitantes, aunque Podemos pide rebajar a 10.000. El PP pide que no tengan que elaborarse hasta cinco años después de entrada en vigor de la ley.
Vales transporte en los centros de trabajo
Una de las novedades de la Ley de Movilidad es que, además de los ayuntamientos, contempla también que los centros de trabajo de a partir de 500 empleados o 250 por turno hagan también los suyos, con el objetivo de reducir el tráfico de vehículos de combustión, impulsado el uso de vehículos eléctricos o las rutas. Para incentivar que los trabajadores utilicen el transporte colectivo, Sumar, Bildu, BNG o Junts plantean que las empresas ofrezcan a sus trabajadores tarjetas de transporte que sean tramitadas a través de una empresa emisora de vales de transporte que, al estilo de los vales de comida, tengan también desgravaciones en el IRPF o en el Impuestos de Sociedades.
De este modo, se reduciría lo que, en sendas enmiendas, PNV y Coalición Canaria llaman "flota gris", los coches compartidos entre varios trabajadores para llegar a las empresas. "Se incluirán medidas para reducir el recurso a la conocida como flota gris, es decir, el uso de vehículos privados de empleados y empleadas para realizar desplazamientos por motivos de trabajo dentro del horario laboral", dice la formación canaria.
Plan alternativo al Moves
Entre las enmiendas del PP, una pide modificar la Ley de Tráfico para penalizar por "absentismo en la Inspección Técnica de Vehículos". "Al aplicar la sanción correspondiente por incumplimiento de la obligación de realizar la ITV en el plazo legal, esta se abonará sin bonificación en primera sanción. Si hubiera reincidencia, su importe llevará un recargo del 100%".
Además, propone un plan alternativo al Moves para "incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil".
Más puntos de recarga de coches eléctricos
De un modo u otro, las propuestas para incrementar el número de puntos de recarga de coches eléctricos son generalizadas en las enmiendas de los grupos. Entre los que más inciden están Junts y también el PP, que plantea una disposición adicional para que el Ministerio de Transición Ecológica establezca "objetivos vinculantes" sobre el número de puntos de recarga de distintas potencias y también para vehículos pesados que cada año, al menos hasta 2035, deberían instalarse en la vía pública.
PNV complementa esta petición con una enmienda que dice que "se garantizará que los puntos de recarga de vehículos y bicicletas eléctricas permitan también la recarga de vehículos y productos de apoyo para personas con discapacidad".
Trenes nocturnos y contra la despoblación
Entre sus enmiendas, PP o BNG coinciden en querer eliminar la salvedad que el Gobierno hace en la rentabilidad para determinar abrir o cerrar líneas de ferrocarril. El PP pide eliminar afirmaciones del proyecto de ley de que "ninguna sociedad puede permitirse financiar con dinero público trenes que vayan" y el BNG mantiene lo contrario, que "la rentabilidad económica no puede ser el factor determinante de la inversión pública si no asegurar lo servicios básicos", por lo que pide analizar las "necesidades sociales" a la hora de determinar los servicios ferroviarios.
Por otra parte, Sumar, BNG y Bildu reclaman la recuperación de los trenes nocturnos y junto con ERC vuelve a la carga con una petición rechazada en varias ocasiones por el socio mayor del Gobierno, la de suprimir los vuelos cortos para los que halla alternativa en tren, que en una enmienda conjunta lleva hasta trayectos no de dos o tres horas, sino de cuatro.
Información sobre incidencias y retrasos
A pesar de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que le hubiera gustado ir más lejos del proyecto de ley que se recuperaba tal y como había alcanzado consenso en la legislatura pasada, las enmiendas del PSOE son más técnicas que de contenido. Entre las excepciones y junto con Sumar, los socialistas añaden otros 30 millones para actuaciones sobre carreteras y ferrocarril a los 242 previstos en el proyecto de ley.
Enlazando con los retrasos e incidencias registrados en el servicio ferroviario en los últimos meses, el PSOE plantea en otra enmienda que los sistemas de información puedan ofrecer más información en tiempo real de estos acontecimientos. "Información en tiempo real referente a horarios, retrasos, incidencias, y cualquier otra información que pueda resultar de interés en el desarrollo del viaje.
Moverse en autocar
Una de las asignaturas pendientes del Gobierno que esboza la ley es la renovación del mapa concesional del transporte de pasajeros por carretera y la reorganización de las líneas de autocar, con la que el Ministerio de Transportes busca mantener la competencia sobre las que atraviesen varias comunidades, pero reduciendo sus paradas para hacerlas más rápidas, apetecibles y, por tanto rentables, y transferir a las comunidades la competencia de líneas en sus territorios, que deberían tener en cuenta las paradas suprimidas en las de titularidad estatal.
La advertencia de que "en ningún momento" esta operación "puede suponer la eliminación de paradas" que plantea el BNG en una de sus enmiendas es compartida por Sumar, Vox o el PP, que en otra va más allá al pedir al Gobierno "un anticipo" a principio de cada año para que las comunidades se hagan cargo de la gestión de líneas y paradas que dejarán de ser competencia del Ministerio. Será "continuado en el tiempo" mientras dure el nuevo mapa concesional. Su cuantía "será el resultante de multiplicar el número de vehículos por kilómetro suprimidos en cada comunidad por el ratio de coste de vehículos por kilómetro", dicen los populares frente a la oferta de Transportes de repartir 25 millones más otros 15 que obtendrían por la venta de billetes.
El sistema actual de concesiones de las líneas en exclusiva empieza a abrirse en una ley que mantiene un artículo muy rechazado por las grandes empresas de autocares que contempla que el Gobierno podría determinar qué líneas podrían abrirse a la "libre competencia". El PP restringe esta disposición con una enmienda que, en su lugar, habla de "no exclusividad". En el extremo opuesto, Sumar, Bildu, BNG, defienden la posibilidad del "cabotaje", de forma que las compañías que pasen por España en rutas internacionales de autobús puedan, sin tener una concesión estatal, hacer paradas para recoger y dejar viajeros en cualquier localidad. Lo limitan al 49% pasajeros transportados.
Esta es una petición que desde hace años hacen compañías internacionales y plataformas como Bla,Bla,Car, que tiene sus propios autobuses y que también podría verse beneficiada por las peticiones de fomento de la movilidad colaborativa, para la que que por ejemplo promueve una la enmienda del PNV que busca promoverla mediante "subvenciones o ayudas públicas".
Taxi frente al algoritmo de las VTC
En las enmiendas de muchos de los grupos también subyace la competencia entre servicios de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC), por ejemplo, con la petición de Coalición Canaria de que pide "medidas para garantizar la protección de los derechos de los
trabajadores, evitar la gestión puramente algorítmica de éstos e impedir la precarización del mercado laboral en el ámbito de la movilidad". También pide reconocer en la ley la "garantía de servicio de interés público del servicio de taxi".
Junts, por su parte, pide un "equilibrio" entre taxis y VTC basado en "limitar el número de licencias VTC para evitar una competencia excesiva y desigual frente a los taxis", frente a lo que reclaman plataformas como Bolt o Cabify. "Que no haya una proliferación de VTC que perjudique al sector del taxi", dice el grupo catalán en una enmienda en la que insiste en que los VTC "deben ser contratados con antelación, evitando que estos vehículos puedan circular libremente en busca de clientes como lo hacen los taxis". De una forma menos desfavorable para las VTC, el PP apuesta por incluirlos y a los taxis como "servicios de movilidad compartida".
