El IPC de noviembre publicado el jueves ha certificado que las pensiones se revalorizarán un 2,8% el año que viene. La subida de esta renta —la única que ha salido indemne de la crisis inflacionaria— mejorará la retribución anual de 11 millones de personas en unos 500 euros de media, pero también supondrá un importante esfuerzo fiscal para las arcas públicas. Más concretamente, aumentará el gasto en 7.296 millones.
La propia Seguridad Social, en su análisis de impacto económico de la medida, estima que un incremento del 1% en el IPC aumenta el gasto en 2.606 millones de euros. En este cálculo están incluidas las pensiones contributivas, las no contributivas, el régimen de Clases Pasivas y también el ingreso mínimo vital. En total, estas prestaciones protegen a 12,3 millones de personas.
Si tenemos en cuenta que la revalorización final será del 2,8%, el monto total asciende a los 7.296 millones señalados previamente. Por poner esta cifra en contexto lo que supone esa cuantía, estamos hablando de un coste similar al que el Gobierno presupuestó en 2023 para políticas de fomento del empleo (7.443 millones).
Además, hay que tener en cuenta que algunas prestaciones como las pensiones no contributivas o el ingreso mínimo vital subirán algo más que el 2,8% que marca la inflación. La razón es que tras la segunda parte de la reforma, estas prestaciones quedaron vinculadas al umbral de la pobreza, que a su vez depende de la renta de los hogares. Y la relación entre sus cuantías y esa referencia está más alejada que un 2,8%.
El coste que supone la revalorización se ha reducido respecto a los dos años anteriores. La subida aprobada para 2024 (un 3,8%) se calculó en 8.280 millones, mientras que la gran alza que se ejecutó en 2023 supuso un gasto de 14.500 millones. Sin embargo, el desembolso es considerablemente mayor que el de antes de la reforma. Por ejemplo, la revalorización que entró en vigor en 2022 (la última antes del cambio normativo) costó 6.496 millones.
Principal partida de gasto
Las pensiones son, desde hace muchos años, la principal partida de gasto público. Solo en 2023, se gastaron casi 190.000 millones de euros en pensiones contributivas. Una cifra que deja fuera a las no contributivas y otras prestaciones que también abona la Seguridad Social, pero que no se financian con el pago de cotizaciones sociales. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el capítulo de las pensiones absorbía el 42% de todas las cuentas públicas.
La mayor parte de ese inmenso gasto se financia gracias a las cotizaciones sociales que los empresarios y los trabajadores pagan todos los meses. Sin embargo, desde hace años esos ingresos no alcanzan para cubrir siquiera el gasto contributivo. El año pasado, la recaudación por cotizaciones, los ingresos de Clases Pasivas y otras tasas aportaron 133.201 millones de euros, estima Fedea.
Este año, la recaudación por cotizaciones sociales crece a un ritmo del 7,8%. Hasta octubre se habían ingresado 8.982 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, de ellos 2.760 van a parar directamente a la hucha de las pensiones y no se pueden tocar hasta el año 2032. Los 6.222 millones de aumento de la recaudación restantes no serán suficientes como para cubrir la revalorización por sí solos.
El 'agujero' que queda entre el gasto y los ingresos alcanza los 55.919 millones de euros. Y ese déficit se financia a través de transferencias directas del Estado (es decir, a través de impuestos) y con préstamos de la administración central a la Seguridad Social que contribuyen a engrosar su desequilibrio. La parte de los impuestos que se va en estas transferencias se deja de gastar en otras políticas públicas.
El Gobierno asume abiertamente que ahora y en el futuro habrá que pagar una parte del déficit de pensiones a través de impuestos. Hay que tener en cuenta que la creciente carga de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha tensado aún más su balance. Pero puede llegar un punto en el que cargar excesivamente la sostenibilidad de las pensiones puede acarrear consecuencias negativas.
Además, la demografía indica claramente que la situación se va a deteriorar considerablemente en los próximos años. Las jubilaciones masivas de la generación del baby boom (la cohorte más numerosa de toda la pirámide poblacional española) aumentarán y mucho la presión sobre el gasto. En previsión a ello, el Gobierno adoptó una serie de medidas de ingresos para compensarlo, la más destacada fue el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que no es otra cosa que una subida de las cotizaciones. También ha aprobado incentivos para demorar la jubilación y otras medidas.
No obstante, organismos como la Airef cuestionan que esto sea suficiente para mantener el gasto dentro de los límites tolerados por la UE. El año que viene este organismo se encargará de evaluar la situación y el Gobierno puede verse obligado a subir aún más las cotizaciones sociales para reconducir el desvío en las previsiones.
