El terremoto que supuso para el Gobierno la complicadísima negociación de la reforma fiscal sigue dejando réplicas, y no de baja intensidad. El acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda con Podemos pasaba por iniciar una negociación para, antes de fin de año, definir el diseño final del impuesto a las empresas energéticas que el Ejecutivo se comprometió a intentar poner en marcha. Pero esas conversaciones, que iban a tener lugar en un grupo de trabajo conjunto entre Hacienda con todos sus partidos aliados, no han comenzado. Y fuentes de Podemos avisan: si el Gobierno no cumple su parte del trato, no piensan siquiera sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado.
Fieles a su estrategia de intentar diferenciarse de Sumar presionando hasta el final, los morados fueron los últimos en confirmar su voto a favor de la reforma fiscal hace unas semanas. Lo hicieron a cambio de extender durante todo el año 2025 el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, si bien con un diseño que está aún por definir. No obstante, dos semanas después de que el Gobierno superase por los pelos la fatídica votación en el Congreso, los ánimos comienzan a tensarse de nuevo, puesto que no hay noticias de la mesa para diseñar la tasa y fuentes de Podemos aseguran, además, que Hacienda está empezando sus contactos preliminares con PNV y Junts en lugar de con la izquierda, una estrategia que, para los morados, ya se demostró errada hace unas semanas.
El entorno de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, prefiere por el momento mantener la calma, aunque no oculta su enfado por lo que, consideran los morados, es una táctica de Hacienda para dificultar que salga adelante un impuesto a las empresas energéticas. Fuentes del partido explican, además, que el Gobierno está intentando separar en dos la negociación de esa tasa y del impuesto al diésel, un gravamen que el Ejecutivo quería incluir en la reforma fiscal pero que no salió adelante, y que Hacienda necesita aprobar para no sufrir un agujero en sus cuentas 1.000 millones de euros.
Podemos no está en contra de esta subida impositiva, aunque reclama que sea progresiva, pero lo que no va a aceptar, afirman fuentes moradas, es negociarla separadamente del impuesto energético. Son dos sus motivos. En primer lugar, consideran, eso abriría la puerta a aprobar un impuesto que subiría los precios del combustible a quienes sean propietarios de vehículos diésel —entre ellos, muchas personas de clase trabajadora— sin que, necesariamente, se mantuvieran las tasas a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas. Y en segundo lugar, separar las negociaciones permitiría a Hacienda centrarse en la del impuesto al diésel y dejar morir la del gravamen energético.
Por ello, el entorno de Belarra asegura que no piensa abrir una negociación de Presupuestos mientras no se aborde la que se ha pactado con Hacienda sobre política fiscal. "Tomaduras de pelo, ni una", espetan fuentes de Podemos, que insisten en que el partido no es "socio parlamentario" del Gobierno y que quiere mantener la misma posición que Junts: negociar una a una su apoyo a cada iniciativa que salga de la Moncloa. "Lo que tenemos son nuestros votos, y tenemos que usarlos", afirman.
Los morados, eso sí, ven con cierto optimismo el futuro de la legislatura, incluso aunque los Presupuestos Generales del Estado terminaran naufragando por falta de apoyos. "No creo que el hecho de que haya Presupuestos o no vaya a determinar si la legislatura continúa", afirma una fuente de la dirección de Podemos, que sin embargo cree que el Gobierno va a intentar sacar adelante las cuentas para "coger aire" después de unos meses de malas noticias.
De cara a esas negociaciones, Podemos ya hizo públicas hace semanas sus dos condiciones: una rebaja "por ley" del 40% del precio del alquiler y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Y fuentes moradas insistieron este viernes en que, si el Gobierno quiere sus votos para los Presupuestos, va a tener que cumplir estos requisitos, especialmente porque Podemos asume que va a tener que tragarse sapos como la cesión de las competencias sobre inmigración a Cataluña, una medida que el Ejecutivo pactó con Junts hace meses pero que aún no se ha llevado a cabo.
