La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha recurrido los registros del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Ambos registros se produjeron el pasado miércoles por orden del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga a García Ortiz por revelar secretos de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Los registros tuvieron lugar a partir de las 10.00 horas del miércoles y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvo en la sede de la Fiscalía General del Estado hasta las 23.00 horas. Los agentes que efectuaron la entrada y registro tenían autorización para volcar la información de todos los dispositivos electrónicos de García Ortiz y registrar cualquier documento que pudiera ser útil para determinar si el imputado ha cometido un delito de revelación de secretos.
Fuentes fiscales confirman a este periódico que Sánchez-Conde, la número dos del fiscal general, ha recurrido los autos en los que el juez dio la orden, pero no aclaran el contenido del recurso. Señalan, no obstante, que el fiscal general ha informado a toda la carrera fiscal de que se abstendrá de dar órdenes relacionadas con la causa, como ya hizo desde que se abrieron diligencias en un juzgado de Madrid, y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de la capital.
De esta forma, la teniente fiscal del Tribunal Supremo no podrá recibir órdenes de su superior directo durante su actuación en la causa en la que se le investiga. Mientras la Sala de lo Penal analiza el recurso de la Fiscalía, el magistrado que dirige las pesquisas debe responder a las solicitudes de dos acusaciones populares que pidieron suspender en el cargo a García Ortiz hasta que concluya el procedimiento. Se trata de Manos Limpias y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que aboga por la dimisión del fiscal general ante el perjuicio que supone su imputación para la institución que dirige.
Paralelamente se deben analizar los datos del volcado de dispositivos electrónicos. Lo que pretende el instructor es averiguar si García Ortiz es responsable de la filtración de los correos electrónicos que intercambiaron el novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que lo investigaba por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En el mes de marzo salieron a la luz varias informaciones periodísticas sobre un pacto que estaban negociando la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía Provincial de Madrid.
Al día siguiente de las filtraciones, la Fiscalía emitió un comunicado desmintiendo algunas de estas informaciones, y el abogado de González Amador presentó una querella alegando que se había vulnerado el derecho a la defensa de su cliente. El fiscal general acabó asumiendo la autoría de aquella nota de prensa y el TSJM envió la causa al Supremo, el único tribunal que puede juzgar al fiscal general del Estado.
El Supremo, que no apreció delito alguno en la nota, si consideró que se había cometido revelación de secretos al filtrar los correos electrónicos a la prensa. Hurtado, que debe averiguar si García Ortiz es responsable de ese delito, decidió comenzar su investigación con el registro de la Fiscalía.
