Nuevo choque en la coalición: Sumar responsabiliza al PSOE de que aún no se haya retribuido el permiso de ocho semanas

Hace casi dos meses que España tendría que estar remunerando los permisos parentales de ocho semanas. Pero hace todavía más tiempo que los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, llevan negociando, sin éxito, esta medida que responde a un mandato de la Unión Europea (UE) plasmado en una directiva de conciliación de 2019. Bruselas dio de plazo a los Estados miembros hasta el pasado 2 de agosto, y la fecha ha vencido sin que una veintena de países, entre ellos España, haya retribuido adecuadamente este permiso. En consecuencia, la Comisión Europea ha movido ficha este jueves abriendo un expediente contra España, mientras el socio minoritario del Ejecutivo responsabiliza a los socialistas de la demora.

"Si fuera por nuestro ministerio, estos permisos ya estarían retribuidos desde hace meses", cuentan a 20minutos fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. En el departamento dirigido por Pablo Bustinduy —que es, junto a Trabajo, el principal impulsor de la medida— aseguran que siguen negociando en el seno del Ejecutivo, es decir, con Hacienda, "para que salgan lo antes posible". El escollo está en la fórmula con la que hacer retribuidos esos permisos que pueden disfrutar los padres en un plazo de ocho años: el ala socialista del Ejecutivo dice que si no ha salido todavía, es "porque no hubo Presupuestos Generales del Estado" este 2024; mientras en el ala minoritaria defienden la opción del real decreto como la más rápida y efectiva.

"Está en el acuerdo de Gobierno y debemos hacerlo de inmediato sin esperar a los PGE: hay que garantizar la ampliación de los permisos retribuidos y de los permisos de nacimiento para cumplir de una vez con la directiva", reivindican desde Trabajo y Derechos Sociales, que aseguran también que llevan tiempo "insistiendo" a su socio de Gobierno "por todos los cauces, formales e informales" de que "la situación no es de recibo" y "penaliza de forma grave a las familias de nuestro país".

Beneficiaría a 5 millones de progenitores

Este es un asunto que también está siendo fruto de negociación para añadirlo en las próximas cuentas de 2025, aunque, teniendo en cuenta que por ahora el Gobierno no tiene, ni mucho menos, garantizado el apoyo parlamentario para sacar adelante ese proyecto, no es una vía que asegure la medida.

Según cálculos de Derechos Sociales, a partir del censo de 2021-2023 del INE, si en España hay aproximadamente 3,5 millones de niños de menos de 8 años, la retribución de estos permisos beneficiaría a unos 5 millones de progenitores, teniendo en cuenta la proporción de familias monomarentales.

Dos meses para no enfrentarse a una multa

Hacer retribuido el permiso parental de ocho semanas fue uno de los compromisos que suscribió Bustinduy el día que tomó posesión de su cargo, en diciembre de 2023, para cumplir con la directiva europea de conciliación de 2019, empezando con una remuneración de la mitad, esto es 4 de las 8 semanas.

Esta era, de hecho, una de las medidas que tenían un plazo más amplio para que los Estados la aplicasen en sus territorios, pero este mismo jueves la Comisión Europea ha lanzado un aviso a la veintena de países europeos que todavía no han cumplido con ese mandato: o cumplen con la normativa comunitaria, o en dos meses se enfrentarán a una multa que, según apuntó Trabajo en verano, podría ser de al menos 7 millones de euros.

Este ultimátum de Bruselas constata también que no da por buena la argucia del Gobierno, que en mayo intentó dar por completada la trasposición de la directiva en otro decreto que mejoraba las condiciones del régimen de lactancia. "Se incrementa el nivel de reconocimiento y protección de los permisos de conciliación, cumpliéndose, por tanto, la exigencia de un permiso parental retribuido, tal y como aparece en el artículo 8.3 en relación con el artículo 20.2 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019", apunta la iniciativa aprobada a petición del Ministerio de Trabajo, que, preguntados entonces al respecto, alegaron que la maniobra no era, en ningún caso, una forma de "lavarse las manos" ante la Comisión.

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