El 31 de diciembre del año pasado se cerró un episodio histórico en la historia de las subvenciones públicas como fue en los dos años anteriores el reparto de 2.000 millones de euros en ayudas directas a la instalación de autoconsumo fotovoltaico. Un programa así, tan extraordinario como su propio origen -la pandemia por Covid que dio lugar al Fondo de Recuperación de la UE del que salió el dinero- no volverá a repetirse, afirman desde el Ministerio de Transición Ecológica, que en estos momentos está más centrado en concluir con éxito el tortuoso -y retrasado- proceso para hacer llegar el dinero hacia los hogares y no descarta que en el futuro pueda haber otro tipo de ayudas, pero ya no tan masivas ni tan generales.
"Otra línea como esta no creo que haya", reconocía este jueves Carlos Montoya, director del Departamento de Solar del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), el centro dependiente del Ministerio que dirige Teresa Ribera, encargado en los dos últimos años de distribuir 2.000 millones en subvenciones directas entre las comunidades, para que, a su vez, ellas gestionaran toda la tramitación para hacerlos llegar a quienes las pidieron para instalar placas solares en sus tejados. Montoya ha participado en una discusión sobre estas ayudas en el Congreso de Autoconsumo organizado por APPA Renovables y allí ha apuntado que en estos momentos ni el Ministerio ni el IDAE están trabajando en nuevos programas de ayudas pero que las que pueda haber en el futuro serán muy distintas al maná -al menos sobre el papel- de los dos últimos años, porque serán mucho menos cuantiosas y muy dirigidas a tecnologías o acciones concretas que interese impulsar.
"No habrá otro real decreto ley con otros 2.000 millones para los próximos dos años", ha advertido Montoya, que ha apuntado que futuras líneas de ayudas se dirigirán "probablemente a cosas singulares" como para promocionar la economía circular, a ciertos colectivos -por ejemplo, el autoconsumo también se inserta entre las políticas del Gobierno contra la pobreza energética-. Por este motivo, los criterios de reparto dejarán también de ser los kilovatios de potencia instalada, como hasta ahora, y el Gobierno tampoco se plantea cambiar las ayudas directas masivas por incentivos fiscales, por ejemplo, rebajas del IVA de los paneles solares, como reclama el sector. Los incentivos por la parte de impuestos seguirán como existen actualmente, a nivel municipal con reducciones en el IBI o en el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), que varían según el ayuntamiento y a las que que, con distinta intensidad, tiene acceso el 77% de los habitantes de España.
El origen de las ayudas al autoconsumo está en el Fondo de Recuperación de la UE tras la Covid pero su éxito tuvo que ver con otra crisis que, a continuación, estalló en Europa, de la energía, debido al desafío de Rusia que terminó con el ataque sobre Ucrania y que llegó a que en 2022 la luz alcanzara precios históricos. Según afirmaba este jueves el CEO de Bet Solar, Borja Pellicer, "el mejor marketing de este sector lo ha hecho Putin, desgraciadamente". Una vez normalizados los precios y ante un panorama en que, a la inversa, lo normal empieza a ser una electricidad muy barata, el autoconsumo entra en una nueva fase, en la que distribuidores e instaladores reclaman al Gobiernos incentivos para que hogares e industrias sigan apostando por las placas solares, aunque esto ya no signifique necesariamente rebajar la factura de la luz.
Desde el IDAE, también Montoya ha afirmado con un "no" rotundo que no sería necesario dar nuevas ayudas en una situación como la de en 2022, con la luz a 300 euros el megavatio hora. Una vez terminado el reparto de los 2.000 millones de ayudas "extraordinarias" y con el precio de la electricidad de vuelta a la normalidad, el Gobierno no se plantea programas generales de subvenciones y apunta a los que puedan poner en marcha los gobiernos autonómicos con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
Retrasos en la llegada de las ayudas
Este jueves, representantes de los gobiernos del País Vasco y de Castilla-La Mancha señalaban que ya tienen previstas nuevas líneas de ayudas, mucho más modestas, por importe de 5,8 y 20 millones respectivamente, frente a los 116 millones y 94,8 que también en cada caso han tenido disponibles para fomentar el autoconsumo entre su población.
En todo caso y al margen de la forma que tomen eventuales futuras ayudas al autoconsumo, lo que ocupa en estos momentos al IDAE y sobre todo a las comunidades autónomas es terminar con el reparto efectivo de las subvenciones europeas, que dos años y medio de empezar a repartirse todavía van muy retrasadas por lo que respecta a la llegada a sus destinatarios finales, quienes han puesto placas solares. Según APPA Renovables, medio año después de que dejaran de darse y a seis meses de la fecha que, en teoría, deberían estar ya en la cuenta corriente de los usuarios, las resoluciones no llegan ni a la mitad del presupuesto total de 2.000 millones. Esa era la cantidad a repartir, aunque Montoya ha apuntado que en dos años ha habido 450.000 solicitudes por un montante que excedía esa cantidad, 3.400 millones. Tal ha sido el interés en las subvenciones para instalar placas fotovoltaicas que el director de Desarrollo del Ente Vasco de Energía, Enrique Monasterio, ha recordado cómo en la fecha límite para pedirlas, el 30 y el 31 de diciembre del año pasado, sábado y domingo, a su organismo todavía llegaron 450 últimas peticiones
Sin embargo, este interés de la ciudadanía no se corresponde con el lento y "tedioso" proceso administrativo para que les lleguen de forma efectiva las ayudas. Dejaron de poder pedirse a final de 2023 pero la tramitación, validación y justificación de los expedientes abiertos continúa. En el horizonte existe una fecha clave, mitad de 2026, cuando el Gobierno tenga que acreditar ante la Comisión Europea que las ayudas llegaron donde tenían que llegar. Hasta entonces, es incierto el momento en que los 2.000 millones deberán estar ya en la cuenta corriente de quienes pidieron las subvenciones y las comunidades se apresuran para recorrer una recta final en ocasiones sin medios humanos ni formación suficiente.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha se ha fijado final de este año para tenerlo todo resuelto. Junto con el País Vasco, son las dos comunidades a la cabeza en la ejecución de las ayudas porque ya han hecho llegar el 87% el caso vasco y "más del 60%" en el castellanomanchego, según su director general de Transición Ecológica, Alipio García. Cada una ha llegado a estos datos por caminos completamente distintos. Mientras que el Gobierno vasco externalizó la gestión administrativa, el procedimiento informático y el apoyo jurídico -pensó hacerlo también para una campaña de comunicación que no hizo falta hacer-, el de Castilla-La Mancha lo hizo con personal propio, que fue aumentando hasta las 29 personas que tiene ahora dedicadas a entregar las ayudas.
Sin embargo, no en todas las comunidades las cosas van tan rápidas y alguna solo ha repartido el 9% de las subvenciones, según APPA, que no revela cuál es. La empresa SotySolar ha intermediado en la gestión de las ayudas al autoconsumo y este jueves pintaba un panorama mucho más desolador. "Hemos presentado en estos años más de 7.000 peticiones y que estén en resolución definitiva hay 270", apuntaba su representante, Montse Lavilla, que ha lamentado la "falta de homogeneidad" en los trámites en cada comunidad y unos resultados igualmente dispares. Mientras que Castilla-La Mancha "presume" de estar pagando a 51 días, la media de las subvenciones solicitadas por SotySolar ha sido a 433 días y su experiencia es que "hay comunidades que están [pagando] en 300 y algunas que en 700".
