El Gobierno de Argentina ha otorgado a personas con distintos grados de discapacidad los términos "idiotas", imbéciles" y "débiles mentales" en una resolución publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de la Nación. Dicho documento, que había pasado desapercibido hasta este jueves, define los criterios médicos para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde septiembre de 2024 para quienes perciben pensiones no contributivas.
La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Javier Milei, ha recuperado estas designaciones -que ya aparecían en un boletín de 1998- en el apartado de Psiquismo. Así, bajo el título "Retardos Mentales", clasifica a las personas de "idiota", "imbécil" o "débil mental", que puede ser "profundo", "moderado" o "leve", según su nivel de discapacidad y determina que "le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor".
Para ello, el documento se refiere a diferentes niveles del coeficiente intelectual de las personas. Entre el rango 0-30 se encuentran los "idiotas", a quienes describe como aquellos que no atravesaron la etapa glósica (sin desarrollo del lenguaje de manera típica), no leen ni escriben, no conocen el dinero, no controlan esfínteres, no atienden sus necesidades básicas y no pueden subsistir solos. Entre el 30-50 se encontraría el "imbécil": "No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias".
A este le sigue el "débil mental profundo" (50-60), que "solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero y puede realizar tareas rudimentarias". Entre el 60-70 está el "débil mental moderado", el cual sabe leer y escribir, realizar operaciones simples, conoce el dinero y puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual. Por último, entre el 70-90 se encuentra el "débil mental leve", quien cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura.
Organizaciones exigen derogar la norma
Estos términos han causado indignación entre siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Así, el 3 de febrero interpusieron un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la norma "por violar los derechos de las personas con discapacidad".
En el reclamo afirman que la resolución "atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (...) poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales". La abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz ha explicado a Efe que dichas expresiones "reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad".
Además, ha considerado que "resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos". Las organizaciones de la sociedad civil han reprochado que el Estado mide la "invalidez" recurriendo a criterios médicos que desconocen "el modelo social de la discapacidad", tomado por la Convención, y Quiroz ha afirmado que reproduce "el modelo médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social".
"Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su 'deficiencia', ni se pretende 'normalizarla' a través de tratamientos médicos (como sí hace el modelo médico), sino que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad", ha agregado la abogada.
Un comunicado de ACIJ afirma que "no hay personas 'inválidas' para trabajar", sino que "todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren". "El lenguaje y los modos en los que nos referimos a las otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las culturas), como en lo individual (en la construcción de identidad de los sujetos)", ha manifestado Quiroz.
"El hecho de que la Administración pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas", concluyó.
