Llega a su fin una campaña del 12M marcada por la decisión de Sánchez, Puigdemont, los macroproyectos, la fiscalidad y la sequía

A dos días de abrir los colegios electorales para las elecciones catalanas de este domingo, las candidaturas ultiman unos actos finales que les permitan captar el voto entre los indecisos. La campaña empezó el pasado 26 de abril y estuvo protagonizada por la inesperada decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de si seguía o no en el cargo. La reflexión del mandatario socialista centró los primeros días de campaña y fue objeto de crítica por parte de sus rivales. Sin embargo, desde el PSC se utilizó la decisión de Sánchez para hacer una defensa férrea de su persona y para mostrar euforia tras ver que definitivamente seguía en el cargo.

El otro protagonista de la campaña ha sido Carles Puigdemont. El expresidente, eurodiputado y candidato de Junts anunció en precampaña que volvería a Cataluña el día de la investidura. Antes de su regreso, Puigdemont ha centrado sus actos electorales en el municipio francés de Argelés. Desde la que llaman Catalunya Nord, el de Junts defendió su proyecto "de buen gobierno" y aseguró ser la mejor opción para recuperar "el liderazgo" de Cataluña.

Por su parte, el candidato de ERC, Pere Aragonès, dirigió la crítica en campaña hacia sus dos principales rivales (Illa y Puigdemont), acusándoles de ser "personalistas", y defendió el balance "récord" del Govern en esta legislatura.

Más allá de los tres candidatos que, según las encuestas, tienen más posibilidades de presidir la Generalitat, la campaña evidenció una falta de unidad en el bloque independentista, 'dardos' a PSC y Junts por defender los macroproyectos como el del Hard Rock o la ampliación del aeropuerto y la necesidad de crear un consenso para afrontar la problemática de la vivienda. Pero, ¿de qué más han hablado las candidaturas durante la campaña?

La gestión de los impuestos y una nueva fiscalidad

Tanto los actos de campaña como los debates electorales giraron en torno a cuál es la mejor manera de gestionar los impuestos en Cataluña. Desde el primer día, se puso de manifiesto que varias de las candidaturas avisaban de la necesidad de reformar el sistema fiscal catalán para poder tener mayor inversión en infraestructuras o servicios públicos. Esquerra Republicana abrió el camino al 12 de mayo con la defensa del proyecto de la “financiación singular” para poder autogestionar los recursos, al que se sumó Junts, que argumentó que “el espolio fiscal” ascendía hasta "los 22.000 millones de euros".

El PSC, por su lado, ha defendido en su programa y en campaña aplicar un “consorcio tributario” acordado con el Estado, mientras que Comuns Sumar propuso reformular la hacienda catalana para que sea "propia, justa y solidaria”. En cuanto a la derecha constitucionalista, el Partido Popular defendió una mejor gestión de los tributos partiendo de un pacto entre comunidades y exigió la supresión de algunos impuestos, como también pidió Vox, para que Cataluña deje de ser un “infierno fiscal”.

¿Un nuevo referéndum pactado con el Estado?

Pere Aragonès anunció durante la campaña que, además de exigir al Estado la “financiación singular”, también pedirían un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña. El candidato de ERC no se ha cansado de repetir que, tras conseguir los indultos, que se retirase el delito de sedición y llegar a un acuerdo para aprobar la ley de amnistía, durante la próxima legislatura, el Gobierno “cederá” y se celebrará un referéndum “acordado y vinculante”.

Una propuesta de referéndum pactado que ha dividido a Junts y CUP. Los de Carles Puigdemont se han sumado a la idea del partido republicano, mientras que los anticapitalistas han argumentado que sería “volver diez años atrás”, y, cómo explicó Estrada en la entrevista a 20minutos.es, un referéndum solo llegaría a través de “una mediación internacional”. El PSC, en cambio, se mostró desde el principio contrario a celebrarlo, ya que apuestan por dejar atrás “los últimos diez años” y, finalmente, los comuns volvieron a incluir en su programa electoral como una de las prioridades la celebración de la votación.

La cultura y la lengua catalana

En materia lingüística, el partido socialista defendió en campaña que el catalán debe ser considerado como “lengua propia”, según recoge el Estatut. Eso sí, la candidatura de Illa propuso que la difusión del catalán tiene que ir de la mano del castellano, lo que levantó la crítica desde el sector independentista, que acusó al PSC de “seguir el modelo de Ciudadanos”. Junts, por su parte, puso el foco en la necesidad de seguir con la inmersión y aseguró que harán frente a “la ofensiva judicial” contra la educación en catalán. Además, Puigdemont, propuso que se exijan los certificados C1 y C2 al personal público.

Por su parte, ERC y CUP defienden la creación de una conselleria destinada a la protección y difusión del catalán. Las dos formaciones independentistas y de izquierdas apuestan porque el catalán sea lengua vehicular en las escuelas y pretenden garantizar que todo el mundo sea atendido en catalán. Los comunes defienden la creación de un ‘Pla Nacional del Català’ que “garantice su conocimiento y supervivencia”. El candidato popular, Alejandro Fernández, expresó que el modelo educativo ha sido un “fracaso” y ha exigido un modelo que asegure “libertad, calidad y que sea trilingüe”. Por su parte, Vox y Ciudadanos han arremetido contra la inmersión lingüística y lo que consideran un intento de “adoctrinar” al alumnado.

La sequía y como afrontar la emergencia climática

La gestión de la sequía por parte del Govern presidido por Aragonès ya suscitó críticas por parte de la oposición antes de la convocatoria de los comicios. Tras el inicio de la campaña, estas se acentuaron y acusaron a Aragonès de no haber asegurado las reservas hídricas y el suministro a la población. Illa denunció una falta de previsión que se debía al “resultado de diez años de gobiernos independentistas”.

Desde Comuns Sumar y la CUP, tacharon a ERC, y también a PSC y Junts, de no querer hacer frente a la sequía y a la emergencia climática, por apostar por proyectos como el Hard Rock o la ampliación del Prat. El PP y Vox argumentaron que la mejor manera de asegurar el agua a la ciudadanía era interconectar las cuencas internas con el sistema del Ebro, medida a la que ERC se opuso frontalmente desde el Govern.

Un pacto que excluya a Vox y Aliança Catalana

Este miércoles, las diferentes candidaturas se agruparon para firmar un acuerdo que excluía de cualquier pacto a Vox y Aliança Catalana tras el 12M. Representantes de PSC, ERC, Junts, Comuns Sumar y CUP se comprometieron a “no legitimar a la extrema derecha”. Para ello, firmaron el manifiesto promovido por Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Un pacto que también compromete a los partidos a evitar la presencia de ambas formaciones en la Mesa del Parlament o en las mesas de las comisiones.

Durante la campaña, Junts era el único partido de los firmantes que no había dejado la puerta cerrada a aceptar los votos de la candidatura de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, pasadas las elecciones, lo que provocó críticas del resto de formaciones. Sin embargo, esta semana, tanto Puigdemont como el número tres de la lista, Josep Rull –en el debate de TV3-, cerraron definitivamente la posibilidad de llegar a un acuerdo con Aliança Catalana.

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