Las relaciones entre el Gobierno y Junts siguen siendo tensas, muy tensas, pero comienzan a asomar unos tímidos brotes verdes que alejan el fantasma de la ruptura definitiva. Fuentes de la formación independentista confirman que "se están moviendo cosas" en relación a la negociación del techo de gasto, el marco de referencia para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que el Gobierno evitó que se votara esta semana ante la más que previsible derrota que iba a sufrir a manos de Junts. El Ministerio de Hacienda se ha abierto a hacer modificaciones pactadas con los independentistas y estos, a su vez, se muestran dispuestos a hablar. Pero también avisan: no van a ofrecer un apoyo general al Gobierno, sino que negociarán "pieza a pieza".
Los encontronazos parlamentarios entre el Ejecutivo y Junts se han ido sucediendo en las últimas semanas, y no solo en relación a la senda de estabilidad. Prácticamente todas las sesiones plenarias que ha celebrado el Congreso últimamente han terminado con un varapalo para el Gobierno. La semana pasada, por ejemplo, Junts se la jugó al PSOE, Sumar y el resto de sus socios parlamentarios cambiando a última hora el sentido de su voto para derribar una iniciativa destinada a regular el alquiler temporal. Hace semanas, Junts también se alió con PP y Vox para impedir la reforma de la ley de extranjería, que hubiera obligado a las comunidades a acoger a los niños y adolescentes migrantes no acompañados hacinados en Canarias.
En esa misma sesión de finales de julio, Junts ya derribó junto al resto de la derecha la senda de estabilidad que el Gobierno sometió a votación en el Congreso como primer paso para la elaboración de los Presupuestos. Y había prometido hacer lo mismo el pasado jueves, argumentando que no podía cambiar el sentido de su voto cuando las cifras eran exactamente las mismas que Junts ya rechazó. Pero, aunque la Moncloa aseguraba el lunes que estaba resignada a una nueva derrota parlamentaria y que elaboraría el proyecto de cuentas para 2025 con los últimos límites aprobados por las Cortes —en 2022—, el martes cambió abruptamente de estrategia y reabrió la negociación con Junts.
Entonces, socios como Sumar barruntaron que si Hacienda había dado ese paso es porque veía "agua en la piscina", o sea, posibilidades de alcanzar un acuerdo. Y fuentes de Junts confirman que, al menos, "se están moviendo cosas" en esas conversaciones, aunque eso no garantice necesariamente que vayan a llegar a buen término. "El Gobierno está vibrando, pero vibrar no significa moverse", resume floridamente un dirigente independentista catalán. Sin embargo, la formación ha pasado en pocos días de presumir de haber torcido el brazo al Ejecutivo a arremangarse para intentar alcanzar un pacto, y que la negociación va en serio lo demuestra el hecho de que tanto Junts como el PSOE sean muy parcos en detalles sobre lo que están hablando.
"Nuestra propuesta es que las comunidades autónomas puedan tener un 1% de déficit, y la suya que puedan tener un 0,1%: a partir de ahí es donde entra la negociación", resume un dirigente independentista catalán. Hacienda ya ha dejado claro que no se plantea aceptar la posición de máximos de Junts, que pasa por permitir a las autonomías gastar el equivalente a 12.000 millones de euros más, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a costa de la capacidad de inversión del Estado. Pero el Gobierno sí que ve opciones de dar mayor margen de gasto a las comunidades sin que el del Estado se vea estrechado, a causa de la mejora de las previsiones de crecimiento de la economía para este año.
Junts, no obstante, también exigirá en esa negociación aclarar cuánto del nuevo margen presupuestario va a beneficiar a Cataluña. "Queremos más parte del reparto, pero también saber cómo se va a distribuir el porcentaje que corresponde a las comunidades entre las diferentes autonomías", señala una fuente de la formación independentista. La pugna no es una cuestión meramente económica: Junts ha recrudecido en los últimos tiempos su lucha sin cuartel con ERC en el espectro nacionalista catalán, y ambos compiten por el mismo electorado en asuntos tan sensibles como el fiscal. De hecho, los republicanos han exigido que, si se reabre la negociación sobre el techo de gasto, Hacienda también hable con ellos, algo a lo que el Gobierno ha accedido.
En cualquier caso, pese a que tanto el Ejecutivo como Junts han mostrado disposición a sentarse, nadie quiere echar las campanas al vuelo, entre otras cosas porque la relación sigue estando tocada. "Cada tema tiene su carpeta, nosotros negociamos las cosas por separado", insiste un dirigente independentista, que asegura que los gestos de buena voluntad del Gobierno —como la reactivación de las comisiones de investigación en el Congreso sobre la Operación Cataluña o los atentados de Barcelona y Cambrils— no son más que el cumplimiento de acuerdos ya alcanzados con anterioridad y no van a influir en su decisión final sobre si apoyar o no el techo de gasto. "Vamos pieza a pieza", plantean.
