En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, según estimaciones de la Asociación InGénero, que calcula también que existen unos 800 clubs de alterne, 2.500 pisos por territorio y 50 puntos de prostitución en calle. La organización ha presentado este lunes los resultados de un estudio que iniciaron en 2022 en siete comunidades autónomas con el objetivo de facilitar "cifras reales" para "plantear soluciones efectivas" a los problemas a los que se enfrentan las personas que ejercen la prostitución, como la clandestinidad.
"Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales", ha destacado el coordinador nacional de InGénero, Miguel Ángel del Olmo. La investigación sale a la luz, además, dos meses después de que el Gobierno retomase la tramitación de la ley de trata, ahora en consulta pública, la cual prevé otorgar permisos de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular, entre otras medidas. La cifra que maneja la asociación es significativa, pero se aleja mucho de las 60.000 víctimas que estima el Ministerio de Igualdad, según apuntó la ministra Ana Redondo en una entrevista para 20minutos.
Según la organización —que solo el año pasado atendió a 6.055 personas que ejercían la prostitución en España—, alrededor del 51% de esas personas ejerce en pisos, el 45% en prostíbulos y el 4% en la calle. Además, los datos revelan que Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias son las comunidades con mayor número de personas en esta situación.
De las personas atendidas, la gran mayoría eran mujeres (5.273 mujeres cis y 683 mujeres transexuales), y 186 eran hombres cis y 13 hombres trans. La media de edad es de 35 años, aunque las personas que más se atendieron fueron los de la franja de edad de los 28 años.
Un 86% de origen migrante
La investigación evidencia también que se trata de un problema que afecta mayoritariamente a las personas de origen migrante (el 86,5%), siendo Colombia (29,1%), Paraguay (15,5%), República Dominicana (13,4%), Venezuela (7,8%), Rumania (7%), Brasil (6%), Ecuador (3,3%), Perú (2,5%) y Cuba (1,9%) las nacionales más representativas. De todas esas personas, casi una de cada cuatro llevaba en España menos de un año y el 18% entre uno y tres años. Otro 24,1% se encontraba en el país desde hacía más de una década, un 14,1% entre cuatro y cinco años y el 11,2% entre seis y diez años. Asimismo, más de la mitad de las personas atendidas por InGénero en 2023 estaban en situación administrativa irregular.
Preguntadas por las razones por las que llegaron a España, el 63,2% aseguró que en ningún momento tenía el objetivo de ejercer la prostitución, aunque un 36,8% afirmó que sí sabía que lo haría. Cuatro de cada diez llevaba menos de un año en ese contexto, el 21,5% entre uno y tres años; el 13,3% entre cinco y diez años y un 12% más de una década.
Según ha explicado Del Olmo, prácticamente todas las personas en contextos de prostitución (el 95%) tenía cargas familiares y casi el 57% se tenía que hacer cargo de entre tres y cinco familiares.
Una revisión de la futura ley de trata
El coordinador nacional de la organización ha aprovechado para referirse al anteproyecto de ley de trata que prepara el Ejecutivo y que, a su juicio, requiere todavía de una "revisión profunda", pues el equipo jurídico de InGénero lo considera todavía "insuficiente para garantizar los derechos de todas las personas en situación de prostitución y prevenir la violencia y explotación sexual".
Desde la organización han formulado, en ese sentido, una serie de propuestas para contribuir a esa mejora de la iniciativa, que todavía está pendiente de recibir las aportaciones de las comunidades autónomas. Plantean, así, un fortalecimiento de la sensibilización, adaptada a la "realidad migratoria" y social de las personas en situación de prostitución; así como la prohibición de cualquier publicidad que, consideran, ha generado un "aumento de la explotación sexual".
Sugieren también una implementación "más adecuada" del acceso a la salud, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada persona, y dotar de la "competencia adecuada" a la Inspección de Trabajo para que examine las condiciones laborales de los lugares cerrados en los que se ejerce la prostitución. Otra de las propuestas pasa por formar en materia de extranjería a los funcionarios que trabajan con estas personas y reforzar las oficinas de atención a las víctimas.
Igualmente, abogan por agilizar los plazos de identificación de víctimas y pro la creación de un fondo de garantía estatal y ayudas económicas "para facilitar la salida de las personas de la prostitución".
"La lucha contra la trata con fines de explotación sexual requiere de una respuesta integral que aborde las causas estructurales de este fenómeno, así como una legislación que garantice la protección de los derechos de las víctimas", ha subrayado la coordinadora de Acción Social, Belén Jiménez.
