El ministerio de Hacienda está dispuesto a introducir condiciones a las comunidades autónomas que se acojan finalmente a la quita de parte de su deuda, tal y como la Autoridad Fiscal (AIReF) le sugirió el miércoles durante la reunión de un Consejo de Política Fiscal y Financiera agitado, con abandono incluido de los consejeros del PP. El Gobierno que, pese a ello, logró sacar adelante el mecanismo de la quita -surgido del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Pedro Sánchez-, considera que los grupos parlamentarios podrían incluir esa condicionalidad durante el trámite del texto en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó tras el encuentro que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se ha mostrado de acuerdo con que haya una condonación para que las comunidades autónomas puedan volver a salir a los mercados a financiarse por sus propios medios.
Si bien, el organismo que dirige Cristina Herrero ha recomendado que las regiones que se sometan a ella se comprometan con los "parámetros de responsabilidad fiscal", principalmente con la regla de gasto. Este último es el criterio más relevante al que deben ceñirse los gobiernos para reconducir su deuda hacia un nivel sostenible, en función de las nuevas reglas fiscales europeas. Según Montero, la AIReF pide que solo se beneficien de la condonación las autonomías "cumplidoras".
La 'número dos' del Gobierno ha incidido en que las propuesta se tendrá que "enriquecer y alimentar" de las aportaciones de los grupos parlamentarios y ha confiado en que el proyecto que incorpora la quita pueda estar aprobado a lo largo de este año. También se ha abierto a que la redacción del texto contemple "todas las singularidades" que las comunidades puedan presentar en las reuniones bilaterales que Hacienda tiene previsto iniciar con ellas a partir del próximo lunes y que espera poder completar lo antes posible.
No existe "riesgo moral" en la propuesta de quita
María Jesús Montero ha negado que exista "riesgo moral" en la propuesta que han remitido a los consejeros del ramo. Lo sería, a su juicio, si el criterio para calcular la quita de deuda que corresponde a cada autonomía se hubiera fijado sólo como un porcentaje en función de su deuda total. Lejos de eso, ha precisado, el método que se ha empleado es el deuda 'perdonada' por habitante ajustado. Este viene a referirse a la deuda que el Estado asume de cada ciudadano.
Según Montero, las reuniones bilaterales servirán para comprobar qué parte de la deuda viva se va a condonar y en función de esto la autonomía podrá ahorrarse el pago de más o menos intereses. Esto es así porque la deuda que contrajeron con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no pagó ningún interés desde 2014, al contrario de la contraída en los mercados -especialmente tras la racha de subidas de los tipos de interés desde el verano de 2022-. El ministerio de Hacienda calcula que las comunidades podrán ahorrarse como mínimo entre 6.500 y 7.000 millones de euros en total.
Un trámite complejo
La vicepresidenta Montero recordó, además, que una vez que el texto reciba el visto bueno de la Cámara Baja (para lo que el Gobierno de coalición deberá ir recabando los apoyos de sus socios habituales), su departamento iniciará una nueva ronda con los consejeros regionales. Entonces, los propios territorios deberán retratarse y comunicarle si finalmente se adhieren o no al mecanismo.
Este trámite parece aún lejano, en un contexto en el que los socios de coalición han tenido serios problemas para sacara adelante sus reformas por la falta de apoyos suficientes y en el que, además, han protagonizado enfrentamientos de calado entre ellos. El último, por la reforma de la Ley del Suelo, que la Cámara Baja volvió a tumbar el martes, al quedarse solo el PSOE con el PNV.
Antes, lo vivido el miércoles en el Consejo de Política Fiscal fue la escenificación de las posiciones aparentemente irreconciliables que Gobierno y PP mantienen en el ámbito de la financiación autonómica. El abandono de los consejeros populares se produjo tras haberse elevado el tono de los intercambios entre Moncloa y Génova a raíz de una propuesta de quita que llegó ya pactada al cónclave autonómico.
