El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres tiene claros los pasos a seguir para recurrir la ley de concordia del Gobierno de Aragón ante el Tribunal Constitucional: esperará "seis o siete días" para que Aragón decida si quiere revisar la ley y, si no recibe respuesta, interpondrá un recurso antes del 27 de mayo. Torres ha informado en el Consejo de Ministros que este lunes ya envió una comunicación a los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón y a sus respectivos parlamentos para advertirles sobre sus "mal llamadas" leyes de concordia. Tras ello, el objetivo es llevar la única norma de las tres que ha sido aprobada -la de Aragón- ante del Tribunal Constitucional, para lo que ha convocado a esta comunidad a una reunión bilateral a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) con el objetivo de que vuelva "al sentido común" y al respeto a los derechos humanos.
"Si esto no fuera posible, lógicamente, el siguiente paso sería el Tribunal Constitucional o cualquier otra institución que preserve los Derechos Humanos", ha dicho Torres, que ha asegurado que esperará "seis o siete días" a que llegue esta respuesta antes de interponer el recurso, lo que tendría que hacer antes del 27 de mayo.
Aragón precedió en enero a la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de 2018 y en abril puso en marcha un "plan de concordia". Por ello y después de que hayan cumplido los expedientes, Torres pide que el Gobierno del PP y Vox presidido por Jorge Azcón la retire, más después de que tres relatores de Naciones Unidas hayan emitido un informe que deja en evidencia que las normas autonómicas pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho régimen. "Creo que hay una ultraderecha que cogobierna con el PP e impone sus tesis", ha aseverado Torres, que ha tildado de "excentricidad" que Azcón haya enviado una carta al máximo responsable de la ONU para desmentir las "falsedades" que a su juicio profiere el informe del organismo internacional.
El ministro ha asegurado que es "muy relevante" que la Constitución diga que hay que preservar la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de los convenios internaciones ratificados por España, y critica que estos gobiernos del PP y Vox "desacrediten" a la ONU por recordárselo. "Supone un gran desprestigio internacional", ha señalado. También ha apelado a que el PP se siente en una mesa para revisar estas normas, insinuando que quien ejerce presión para no hacerlo es Vox.
"Llamo a Feijóo a que se coloque del lado de los derechos humanos, de las cartas firmadas por España y de los convenios que ratifica España", ha lanzado al líder de la oposición, al tiempo que le ha criticado por "esconder" la aprobación de las leyes de Castilla y León y Comunidad Valenciana hasta que pasen las elecciones europeas del 9 de junio. "Tendrán que explicar por qué", ha asegurado.
El Ejecutivo sostiene que la entrada de la ultraderecha en las Administraciones es el motivo por el cual aparecen estas normas. Antes, los principales partidos "caminaban de la mano" en un camino que se inició en la Transición, ha defendido el ministro del ramo.
