Glovo dice que contratará a sus 'riders' un día antes de que su CEO declare por un presunto delito laboral

Años después de iniciar una pugna regulatoria con más de 140 casos y decenas de millones de sanciones. Dos días después de la denuncia por competencia desleal de su rival Just Eat. Y un día antes de que su consejero delegado, Óscar Pierre, declare ante el juez por un presunto delito contra los trabajadores. Glovo cede a la presión y anuncia que tendrá riders contratados en España.

La compañía asegura que el nuevo planteamiento incluirá la totalidad de ciudades y se aplicará a todos los verticales. Insiste en que abrirá una mesa de diálogo con los sindicatos para "dotar de todas las garantías al proceso". Su dueña, la alemana Delivery Hero, que sigue insistiendo en que "no hay base legal suficiente" para declarar a esos repartidores como falsos autónomos, dispara el techo de 'contingencias' en sus cuentas para hacer frente a todos los casos hasta los 770 millones de euros. La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, asegura que la regularización de más de 60.000 trabajadores implicará 267 millones de recaudación además del coste de las sanciones.

La plataforma española asegura que el nuevo modelo, cuyos detalles no ha hecho públicos en el comunicado público, "permitirá la operativa con repartidores laborales". Estará disponible para las más de 900 ciudades en las que está presente y en todas las modalidades de repartos. "Mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos en todo el país", asegura. Desde la compañía insisten en que se aplicará al 100% de toda la operativa en este mercado.

La plataforma asegura que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para asegurar que el cambio de operativa "se desarrolle con consenso". Este foro de diálogo, según apunta la empresa, estará abierto al resto de operadores del sector para que "puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados". Hay que recordar que algunos de los rivales, entre ellos Uber Eats, funciona con un modelo híbrido en el que mantiene a riders autónomos y también otros contratados de manera directa.

En una comunicación a inversores en Berlín, su dueña asegura que esperan recibir "decisiones de reclasificación" de trabajadores por una "supuesta clasificación errónea" de repartidores bajo el modelo operativo de Glovo lanzado en agosto de 2021 tras la entrada en funcionamiento de la llamada 'Ley Rider'. Es decir, la clave de este movimiento ha sido que la última modificación, que se llevó a cabo con el arranque de la nueva normativa, no ha sido suficiente para la Inspección de Trabajo.

El primer golpe se fija en el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa española. Este cambio de modelo, que evita "más incertidumbres jurídicas", tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en el resultado bruto (Ebitda) ajustado de 2025. Aún así, al estar circunscrito al mercado español, el holding insiste al mercado que la plataforma con sede en Barcelona mantendrá un Ebitda ajustado positivo en todo el ejercicio.

La otra consecuencia hay que encontrarla en las cuentas del grupo. Los germanos esperan aumentar la dotación total para "contingencias" laborales en un rango de entre 440 y 770 millones de euros en el informe anual completo de 2024, frente al rango 330-550 millones que se divulgaron en el informe del primer semestre. "Esta cantidad cubre las contribuciones a la Seguridad Social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos de pago correspondientes al período hasta finales de 2024 para Glovo España", apunta.

El pasado viernes, Just Eat España presentó una demanda contra Glovo en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando una acción de competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos. Le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. La plataforma lleva a cabo su operativa con flotas subcontratadas. La compañía insiste en que Glovo se habría ahorrado más de 645 millones de euros manteniendo los 'falsos autónomos', lo que le habría permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.

267 millones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la empresa va a regularizar a más de 60.000 repartidores. "Es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España, realizado por la Inspección de Trabajo", ha apuntado. En este sentido, asegura que supondrá una recaudación de 267 millones de euros al margen del coste de las sanciones. "Lo importante es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país", ha concluido.

¿Cambia esto el posicionamiento del grupo empresarial? En el fondo, no. Delivery Hero insiste en que no tiene intención de reconocer ninguna provisión de manera formal, ya que "cree que no existe base legal suficiente" para que se tomen esas "decisiones de reclasificación". Mientras se resuelven todas las sentencias judiciales definitivas, Glovo deberá abonar provisionalmente o aportar avales bancarios por los importes, que se irán devengando progresivamente a lo largo de los próximos años. El primer pago o aval está previsto "como muy pronto" para el segundo trimestre de 2025.

140 procedimientos judiciales

La empresa cede así a la presión. Durante los últimos años ha mantenido un pulso con las autoridades, defendiendo un modelo de repartidores autónomos que, incluso después de varias modificaciones, fue castigado por la Inspección de Trabajo. Según quedó reflejado en un reciente auto del Tribunal Supremo, avanzado por La Información, a la fecha ya se habían extendido actas de liquidación de cuota por importe de 88 millones de euros y actuaciones inspectoras en 39 provincias. Había 140 procedimientos judiciales -124 de los cuales están hoy por hoy abiertos-.

Hay que tener en cuenta que este anuncio se produce precisamente un día antes de que el consejero delegado y cofundador, Óscar Pierre, declare en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona como imputado por un delito contra los trabajadores. Esto se produce después de una demanda presentada por la Fiscalía después de una investigación del Ministerio de Trabajo, que no ha dejado de estrechar el cerco sobre la compañía.

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