El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue en el ojo del huracán. Este miércoles ha trascendido que ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que pronunciarse sobre su designación y, por tanto, sobre si debe seguir siendo o no el jefe del Ministerio Público. García Ortiz considera que esos jueces deben apartarse porque son los mismos que ya dijeron que había actuado con "desviación de poder" al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
Fuentes fiscales informan de que el fiscal general ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo), que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de los mismos magistrados que el pasado noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de Delgado y, por lo tanto, el fiscal general entiende que ya estarían contaminados por ese procedimiento para ahora decidir sobre su continuidad al frente del Ministerio Público. Además, estos cuatro jueces son los que acaban de anular el también nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.
Podrían no ser objetivos
En su incidente de recusación, García Ortiz entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró "inidóneo" para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo. De hecho, fuentes fiscales consultadas por Ep añaden que García Ortiz no ha recusado a la quinta magistrada que actualmente conforma dicha sección porque ella no participó en la deliberación y fallo relativa a la designación de Delgado.
Además de estos motivos, García Ortiz añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia sobre el ascenso de Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados", añaden fuentes citadas por EFE.
Por ello, el jefe del Ministerio Público pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias anteriores contra él, como entiende que sí sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Sala del 61
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como sucede en este mismo caso.
Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz, denuncian, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".
Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".
