La financiación autonómica dinamita los acuerdos de Sánchez con los presidentes del PP pese al órdago del perdón de su deuda

La voluntad constructiva y de unión con la que arrancó la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander se rompió en mil pedazos en cuanto la financiación autonómica aterrizó sobre la mesa de debate del Palacio de la Magdalena. Sánchez y los 17 presidentes autonómicos junto con los de Ceuta y Melilla no lograron alcanzar ningún acuerdo ni consenso, pese a que la reunión comenzó con un anuncio del presidente: en enero celebrará una Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impulsar el perdón de la deuda a las comunidades que así lo requieran. Los presidentes del PP evitaron pasar por el aro. Hicieron frente común contra la financiación singular de Cataluña y rechazaron lo que consideran un "parche" o un "chantaje" para tapar el acuerdo del PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa.

Por encima de los acuerdos, que según el Gobierno no son el propósito de este formato de la Conferencia de Presidentes, desde Moncloa ponen en valor la foto de todos los presidentes autonómicos junto con Sánchez y el rey Felipe VI, incluidos el lehendakari y el de la Generalitat, Salvador Illa, que no era tan habitual verles posar con el monarca. La misma "gratifica" y da "certidumbre" al conjunto de los ciudadanos, expuso Sánchez al inicio de la jornada en referencia a esta imagen.

Pero la jornada continuó en el interior, sin protocolos para la prensa y sin cámaras. Allí, uno a uno, empezaron a exponer sus problemas y peticiones. Una de ellas fue escuchada y hecha realidad, la de Cataluña, que pidió que Barcelona fuese sede de la próxima Conferencia de Presidentes, lo que Sánchez aceptó de buen grado. Mientras varias hablaron de la migración y se sumaron al Gobierno y a Canarias para la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, como en el caso de Cataluña o Asturias, la mayoría se centró en financiación. Por ello, a la salida de los encuentros, todas las comunidades del PP expresaron su decepción por no haber logrado ningún consenso, insistieron en cargar contra un eventual concierto catalán y eludieron dar pábulo a la propuesta de Sánchez de condonar la deuda.

"Nos da la sensación que lo que realmente interesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera es la quita que beneficia especialmente a Cataluña", dijo Juanma Moreno. Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco la tildaron de "parche". "No hay que condonar deudas y si hay que hacerlo que sea al Gobierno de Valencia, pero no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores", dijo Ayuso, que fue de las primeras y la más contundente al expresar su rechazo.

Aunque no solo los barones populares pusieron en el punto de mira el debate sobre financiación autonómica, también el socialista más crítico con Sánchez, Emiliano García-Page, se sumó a este frente crítico. La reforma del modelo tiene que hacerse desde la multilateralidad. "Solo puede negociarse un modelo único, no caben complementarios ni singulares, con excepción del País Vasco y Navarra, que no voy a entrar en ese debate porque asumimos en bloque la Constitución", remachó ante los periodistas y tras largas horas de reunión.

De hecho, pidió al Gobierno y a los socialistas acordar un nuevo modelo con el PP a fin de no tener que depender de los votos de ERC y Junts en el Congreso de los Diputados para aprobarlo, y también solicitó que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero expusiese en el periodo de tres meses un borrador inicial para poder empezar a discutirlo. Page no disimuló ningún dardo ¿El ambiente de la reunión de puertas para dentro?, le preguntaron los periodistas. "Frío hasta la última hora, que han puesto los calefactores", respondió con sarcasmo. Si bien, el principal rifirrafe que trascendió de la reunión a puerta cerrada llevaba su nombre y la del presidente del Gobierno. Sánchez le habría interrumpido por pasarse de tiempo de intervención, a lo que Page le habría replicado echándole en cara haber tardado casi tres años en celebrar esta Conferencia de Presidentes.

El Gobierno se defendió de unos y otros alegando que ninguna de las comunidades que se lanzaron contra Sánchez habían expuesto una propuesta conjunta de financiación con los mismos criterios. "No es sencillo que Cantabria y Baleares opinen lo mismo sobre el principio de ordinalidad", señaló el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y es que la anfitriona, María José Sáenz de Buruaga, fue muy conciliadora a la llegada de la Conferencia, pero de las que más subió el tono a puerta cerrada, según exponen fuentes presentes en la reunión. Torres rechazó su punto de vista sobre la "no ordinalidad" y defendió que la financiación se tendría que tratar desde la multilateralidad pero también desde la bilateralidad, defendiendo así la de Cataluña.

La división también fue total a la hora de valorar el resultado de esta 27ª Conferencia de Presidentes. Varios populares coincidieron en tildarla de "decepcionante", mientras el Gobierno y comunidades socialistas como la catalana hablaron de "éxito". Todo ello, argumentado sobre perspectivas totalmente opuestas sobre los propósitos de este cónclave. Mientras los líderes populares esperaban algún acuerdo -para lo que es necesaria la unanimidad- o al menos una declaración conjunta, Moncloa insistía desde hace días en que este no era el propósito de la convocatoria. "Salgo más contento de como entré. Ha sido una sesión plenaria de altísimo respeto institucional", contrapuso Torres a las impresiones de los barones populares.

A su juicio, los acuerdos no son el objetivo, sino que el "espíritu es compartir el momento político, hacer propuestas y escuchar qué opina otro presidente autonómico y el Gobierno". También se defendió. "La posibilidad de elevar acuerdos es de todos los miembros, de todos los presidentes", dijo sobre los barones populares. En conclusión, la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander escenificó el momento de alta tensión entre el Gobierno y el PP hasta el punto de no ponerse de acuerdo ni en los objetivos de la misma.

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