Una ley, un ministerio dedicado en exclusiva y, ahora, una empresa estatal. El anuncio más significativo del reciente congreso del PSOE ha sido la creación de una "gran empresa pública de vivienda", según la definió Pedro Sánchez. Conseguir un techo donde vivir en España ya se ha erigido como el más angustioso problema para una mayoría de la población, pero hasta ahora el Gobierno se ha mostrado incapaz de solucionarlo.
La escalada de los precios, tanto de compra como de alquiler, antaño la habitual vía de emancipación para los menos pudientes, se ha venido sumando en los últimos tiempos al desaforado crecimiento de los pisos turísticos y a la ridícula dimensión de nuestro parque de vivienda social. Toda una generación tiene bloqueado su futuro por el imposible acceso a una vivienda mientras crece la desesperanza que tan bien sabe aprovechar la extrema derecha, agitando el miedo y el desconcierto. Sería hora de tomar, de una vez por todas, el ladrillo por los cuernos.
Sabido es que la incidencia de las políticas públicas en el mercado inmobiliario precisa tiempo, pero también enormes dosis de valentía política todavía no detectadas en nuestro escenario. La actual Ley de Vivienda, alumbrada con fórceps en el Congreso el año pasado, apenas ha visto crecer resultados debido al rechazo de los gobiernos autonómicos del PP a aplicar sus topes a los precios del alquiler. Parecidas rémoras tiene el Ministerio de Vivienda, que recuperó Sánchez en su última crisis por sus limitadas competencias y sus vagas propuestas, mientras los de Feijóo cargan contra el intervencionismo y apelan a una puesta a disposición del mercado de mayor suelo público.
Hace no tanto existía el Banco Hipotecario de España, entidad pública que facilitaba créditos reducidos para compra de vivienda a jóvenes o personas en ciertas condiciones de desventaja. También había un mayor número de pisos sociales de comunidades y ayuntamientos que, en los últimos años, se han ido vendiendo a particulares y fondos buitre. El debate económico sobre mercado libre o intervenido para controlar los precios podrá seguir llenando interesados informes, pero el sector público no debería dimitir de su responsabilidad sobre un derecho tan básico como disponer de un techo. ¿Empresa pública estatal de vivienda? Esperemos que no vuelva a ser un proyecto sin contenido.
