La causa en la que el Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente revelar información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso dio un nuevo paso decisivo este viernes. Nuevas pruebas aportadas por el ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato indican que Moncloa manejaba aquella información: unos e-mails en los que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía la culpabilidad de su cliente. Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Moncloa hasta hace pocos meses, compartió imágenes de los correos electrónicos con Lobato antes de que estos se publicaran íntegramente en medios de comunicación.
Tras la declaración como testigo de Lobato, Moncloa se ha visto salpicada más de cerca por la causa que desde el 16 de octubre apunta directamente al fiscal general García Ortiz, renovado por el Gobierno a finales del año pasado. En un contexto en el que el Ejecutivo está cercado por diversas presuntas corruptelas (el caso Koldo, la investigación a Begoña Gómez, la causa contra el hermano de Pedro Sánchez...), las revelaciones de Lobato apuntan a que el juez que investiga al fiscal general, Ángel Hurtado, llame a declarar próximamente a Sánchez Acera, la que fuera jefa de gabinete del anterior jefe de gabinete de Sánchez y actual ministro Óscar López. Aún no se sabe si la trabajadora de Moncloa acudiría al Supremo como testigo o como imputada.
Han pasado algo más de ocho meses desde que ocurrieron los hechos y la causa no ha hecho más que escalar. Fue el 12 de marzo cuando se filtró que Alberto González Amador estaba siendo investigado por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Al día siguiente a las 21.29 horas, El Mundo publicó una noticia según la cual el fiscal a cargo del caso, Julián Salto, había ofrecido un acuerdo de conformidad al abogado del novio de Ayuso. Según ha demostrado más tarde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fiscal general del Estado ordenó recabar los correos intercambiados entre Salto y la defensa de González Amador unos minutos después de publicarse esa noticia.
Esa misma noche, el contenido de los mails se filtró a la Cadena Ser, que confirmó que fue el abogado de González Amador quien propuso un acuerdo a la Fiscalía, y no al contrario. A la mañana siguiente la Fiscalía Provincial de Madrid publicó una nota de prensa desmintiendo las primeras informaciones y confirmando las que iban en sentido contrario. Así comenzó la investigación: González Amador puso una querella en la que indicaba que aquella nota de prensa suponía un delito de revelación de secretos que afectaba a su derecho a la defensa.
De aquel entonces a esta parte, Álvaro García Ortiz ha confirmado que fue él quien mandó publicar la nota de prensa, el Tribunal Supremo ha decidido imputarle y el magistrado a cargo de investigarlo ha ordenado registrar su despacho y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Hurtado no investiga la publicación de la nota -la Sala de lo Penal dijo que no había delito en el comunicado- sino la filtración de los correos a los medios en las horas previas a su publicación.
Una semana clave para la investigación
De modo que esta semana ha sido decisiva para la causa, por dos cuestiones distintas. La primera: el lunes salió a la luz el informe de la UCO sobre la información incautada del teléfono de Pilar Rodríguez, un documento que atribuye a García Ortiz una "participación preeminente" en la filtración. La Guardia Civil concluye que la Fiscalía pudo estar tras la filtración de los correos electrónicos y que también pudo filtrar la primera información que publicó eldiario.es, la que contaba el supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso.
El informe recoge las conversaciones que mantuvo Rodríguez con diversos cargos de la Fiscalía. Entre los mensajes están los que intercambió con el fiscal general, que le ordenó recabar los mails. A penas dos horas después de que estos llegaran a manos de García Ortiz, su contenido se publicó por primera vez. Sin embargo, las imágenes de los correos no se publicaron hasta las 09.06 horas del día siguiente, el 14 de marzo.
Este último dato es esencial para comprender el segundo hecho relevante que ha ocurrido esta semana, el que salpica por primera vez a un cargo de Moncloa. Exactamente 37 minutos antes de que El Plural publicase un PDF con el correo del abogado de González Amador, Pilar Sánchez Acera envió una foto del e-mail a Juan Lobato —ambos hablaban cada jueves para coordinar el mensaje de la sesión de control— y le indicó que debía mostrarlo esa misma mañana en la Asamblea de Madrid, como una forma de atacar a la presidenta de la Comunidad.
Aquella mañana, Lobato preguntó a Sánchez Acera por el origen de los e-mails, que ella no aclaró. Él dijo que necesitaba conocer de dónde los había obtenido porque sino parecería que habían salido de Fiscalía. Sin embargo, Sánchez Acera le dijo que los correos estarían publicados en medios antes de que él saliera a intervenir a la Asamblea de Madrid. Y así fue. Meses más tarde, cuando imputaron al fiscal general, Lobato quiso guardarse las espaldas y acudió a un notario a registrar los mensajes intercambiados con Sánchez Acera.
Este lunes se supo que Lobato había acudido al notario y el juez lo citó como testigo para que aportara el acta notarial, a la que este periódico accedió el mismo viernes, tras la declaración del exlíder socialista ante el Supremo. Los documentos confirman que Sánchez Acera le envió directamente las imágenes de los correos, y lo hizo cuando aún no se habían publicado. La cuestión por dirimir es: ¿Cómo llegaron los mails a manos de la trabajadora de Moncloa?
